El fiscal superior de Castilla y León apuesta por prohibir los móviles en los centros escolares

El Fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena, ha repasado en su discurso durante la apertura del año judicial en la comunidad la memoria de actuación de la Fiscalía en 2023 para dedicar un amplio apartado a los menores y las redes sociales y acabar por sugerir prohibir los móviles en centros escolares. En su opinión, los profesores deben involucrarse en el uso responsable de las redes sociales por los menores y la solución pasaría por «prohibir los teléfonos móviles en los centros escolares, estableciendo consecuencias claras en caso de incumplimiento, con clases de formación obligatorias y sanciones económicas si es necesario».

Mena ha insistido en que es «absolutamente necesario» concienciar a nivel escolar de los peligros del uso indebido de las redes sociales e Internet. En este sentido, ha advertido de esas terceras personas que se valen del anonimato de las redes sociales y del peligro real de que este material sea difundido en redes sociales o a través de páginas web.

Para el Fiscal Superior de Castilla y León, el Estado debería tomar conciencia de que las grandes compañías tecnológicas han invadido no solo el espacio físico humano, sino también el mental, para manipular las respuestas y potenciar aquellas que favorecen a sus intereses económicos o ideológicos. Por eso, concluyó que los menores son víctimas de la tecnología (afectación psicológica, insinuaciones sexuales no deseadas, exposición de la intimidad, depredadores sexuales, pornografía,…) y la responsabilidad le corresponde en gran medida a quienes sacan rendimiento económico de los riesgos que generan.

En los datos de la memoria de 2023, ha destacado la reducción de señalamientos de juicios en todos los procedimientos y ante todos los órganos y ha llamado la atención sobre el incremento de un 31% en el número de juicios señalados que se suspendieron. No obstante, ha relacionado esta situación con las huelgas que afectaron a la Justicia ese año. A este factor añadió la falta de precisión de los sistemas informáticos, la lentitud en la implantación de las nuevas aplicaciones y la farragosidad de muchos de los procedimientos judiciales.

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También ha llamado la atención sobre el repunte de las diligencias incoadas por Violencia de Género hasta llegar a 4.612 diligencias previas y 2.151 urgentes, entre las que ha recordado de manera especial a las dos víctimas mortales en Ávila y Salamanca y ha lamentado que a pesar de ello «aún existen reductos de grupos políticos, sociales o personas que siguen negando la existencia de esta cruel realidad».

Mena también ha hecho referencia al escenario político actual para mostrar su oposición a aceptar «las tendenciosas críticas interesadas» de grupos mediáticos, políticos y de presión de todo tipo contra la Administración de Justicia, en general, y la Fiscalía, en particular, por «hechos o situaciones personales o particulares de algunos fiscales o jueces» que se extienden «sin fundamento», ha apuntado, a todo el colectivo. Por contra, reivindicó «el trabajo bien hecho por los fiscales» y dejó claro que «los asuntos mediáticos que afectan a la Fiscalía no deben ocultar el trabajo extraordinario que realizan los fiscales en el resto del territorio». «Las aceradas críticas a nuestra institución son injustas porque generalizan y se pretenden extender sobre el resto de fiscales», ha lamentado.