Las Cortes de Castilla y León proponen un pacto contra la violencia de género del que se queda fuera Vox

El texto de la proposición no de ley insta a la Junta a poner en marcha un pacto autonómico de lucha contra la violencia de género que «concite el acuerdo de toda la sociedad civil, entidades públicas y privadas, administraciones públicas, empresas, sindicatos y partidos con el objetivo de establecer una hoja de ruta común que permita luchar contra esta violencia en todas sus formas».

La procuradora socialista Virginia Jiménez, ha sido la encargada de defender una iniciativa para combatir «una de las mayores lacras de nuestra sociedad, que atenta contra la dignidad y la seguridad de millones de mujeres y va más allá de las ideologías políticas y que no tiene distinción ni por clase social, raza o edad». Ha recordado que sólo en lo que va de año han sido asesinadas en España 40 mujeres, dos de ellas en Castilla y León y se han dictado 1.270 condenas por delitos de violencia machista en el último año.

Por el Grupo Popular, Inmaculada Ranero ha mostrado el apoyo de los suyos a la iniciativa socialista si bien ha asegurado que la Junta ya tiene una hoja de ruta que no es otra que el Plan Estratégico de Igualdad 2022-2025 que «apuesta por la prevención de la violencia de género desde el consenso».

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El voto en contra, el de los trece procuradores de Vox, ha sido defendido por su portavoz y exvicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, quien aseguró que la PNL del PSOE «trata de apuntalar el gran negocio de las políticas de género» por lo que ha advertido de que su formación «no va a participar de la demonización del varón y de la guerra de sexos». En su intervención, García-Gallardo ha vinculado las agresiones a las mujeres con la inmigración por lo que ha pedido a la Cámara que «ataquen las verdaderas causas si les preocupan las mujeres» de forma que «controlen las fronteras y frenen la islamización».

Desde UPL-Soria Ya, Alicia Gallego ha recordado las declaraciones «lamentables» de Vox mientras estaba en el Gobierno autonómico y ha exigido medidas y recursos de la política a la altura de las necesidades». Por el grupo Mixto, el abulense Pedro Pascual ha considerado que un pacto autonómico sería «una buena herramienta para abordar este problema», mientras Francisco Igea ha pedido «recuperar los consensos que se han roto en esta legislatura después de que el PP haya »dado crédito al juego de sus socios al meter al lobo a cuidar las ovejas». También Pablo Fernández, de Podemos, ha destacado la necesidad de que la lucha contra la violencia de género sea una prioridad y ha tachado de «vergonzoso, indecente e infame» que durante el debate de este punto «no haya ni un miembro del Gobierno autonómico presente en el hemiciclo».