Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta a denunciar a los okupas
PP y Vox abogan por endurecer la respuesta y la oposición pide un parque público de viviendas que ofrezca alternativas a los vulnerables
Los vecinos de un edificio con casi 50 pisos okupados: «Estamos desprotegidos»
Las Cortes de Castilla y León han acordado instar a la Junta a que «proceda a denunciar las okupaciones ilegales de las que tenga conocimiento y las defraudaciones de fluido eléctrico de que tenga constancia« de acuerdo con la PNL aprobada este miércoles en el parlamento autonómico a instancias del PP y con el único apoyo de sus ex socios de Vox tras un tenso debate en el que la oposición coincide en reclamar al Ejecutivo un parque público que pueda dar »alternativas« a los más vulnerables.
El PP acudía al pleno de este martes con la iniciativa contra lo que consideran «uno de los delitos más importantes» y en «defensa de la propiedad privada, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal» en un contexto en que que el procurador popular David Beltrán ha denunciado que con la nueva Ley de Vivienda quienes «fuerzan cerraduras y destrozan viviendas son buenos» y el «propietario o gran tenedor que con el sudor de su frente ha adquirido viviendas» es el «malo».
Desde Vox, María Luisa Calvo ha mostrado el respaldo a los populares en este asunto y ha abogado por «endurecer la okupación y proteger» al propietario, y que «los ciudadanos tenga capacidad de defenderse ante una intrusión en su hogar. En este contexto, la PNL solicita también al Gobierno autonómico articular una «ventanilla de atención al ciudadano y/o un canal de comunicación con las víctimas directas y de vecinos de inmuebles afectados por ocupaciones ilegales, a través del cual se dé información sobre las opciones jurídicas y recursos públicos de apoyo a los afectados«, una medida en la que no se ha ahondado pero que ha generado debate por su comparación con las polémicas oficinas de información antiokupación puestas en marcha en la Comunidad.
Así, el PSOE ha propuesto una enmienda de sustitución -que no se ha aceptado- con una serie de medidas entre las que figuraba la de un parque público de «alquiler social asequible». Así lo ha señalado el socialista Rubén Illera, que ha insistido en la idea de Fernández de que la okupación de viviendas «ni tienen la dimensión que dicen ni preocupa tanto». «Hasta el consejero de Vivienda, Juan Carlos Suárez Quiñones» ha señalado, dijo, que «no tiene una relevancia importante».
Un abogado aconseja este tipo de vivienda para evitar okupaciones ilegales
El riesgo de okupación aumenta en segundas residencias o viviendas destinadas al alquiler
«Ya lo hicieron y no sé lo qué nos ha costado semejante inutilidad», señalaba el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, que afirmaba que la Junta es propietaria de 47 de las 170 viviendas en esta situación en Castilla y León e ironizaba con que «no han sido capaces ni de desalojar a las monjas de Belorado». Al ex de Ciudadanos se ha sumado su compañero de Grupo Mixto, Pablo Fernández (Podemos), quien ha insistido en que se trata de «un problema que no es real. El auténtico drama en este país es que se vulnera el derecho constitucional a una vivienda». «Otra vez la misma matraca. Básicamente a hacer el ridículo. Sólo les falta traer a Manu Tenorio que lleva días desquiciado hablando de la inquiocukapción», añadido. Más allá del rechazo a la propuesta popular ambos ha coincidido entre sí y con el resto de la oposición en la necesidad de reforzar el parque público de viviendas.
Por último, desde el Soria ¡Ya! ha mantenido una «defensa de la propiedad privada. No obstante, para una situación vulnerabilidad -no de criminalidad o comodidad- no puede imponerse de manera absoluta. Debe haber un equilibrio entre el que tiene derecho a recuperar vivienda y el del vulnerable», al que ha abogado por que se le «ofrezcan opciones», una «alternativa habitacional viable», ha señalado Vanesa García.
Además de la instancia al Ejecutivo Autonómico a la denuncia de casos de okupación y a la «ventanilla única, la PNL aboga por modificaciones de una normativa estatal »que no solo legaliza la ocupación, sino que blinda al ocupante sin título y al delincuente restringiendo la posibilidad de su desalojo» y a realizar «reformas legislativas necesarias». Entre otras el texto ahonda en «acabar con la concepción de morada o domicilio de un inmueble ocupado», desalojos en un plazo máximo de 24 horas, prohibir el empadronamiento de los inquilinos en estas situaciones, reforzar la pena del delito de usurpación con penas de hasta 3 años de cárcel o tipificar en el Código Penal la pertenencia a mafias, que se lucran alquilando viviendas ocupadas o la conexión ilegal a las redes de suministro.
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