La «chapuza» de Feve: 115.000 viajeros con costes y sin trenes
A la reivindicación de gratuidad para el ancho métrico tras aplicarse en Asturias y Cantabria se suma la deuda en León de una integración que sigue en vía muerta
«Aquí también se presta ese servicio». Es la frase que ha resonado las últimas semanas en Castilla y León tras conocerse la gratuidad que se aplicará en Asturias y Cantabria para las conexiones ferroviarias a través de ancho métrico para contrarrestar el fallido contrato ... para la nueva flota. Una dotación que, en general, tampoco llegará al conjunto del noroeste en el que se enclavan esas líneas, pero en León, Palencia y Burgos, que suman hasta 63 apeaderos, seguirán pagando por subir a bordo.
Casi 115.000 son los usuarios que sumó en 2022 la línea León-Guardo, una fracción del histórico trazado del tren de La Robla, que continúa hasta Bilbao y que empezó a rodar en el siglo XIX para acercar la producción de carbón de las cuencas hasta la industria vasca. En los noventa cerró al tráfico de pasajeros y en 2003 reabrió a cargo de Feve.
El mapa de rutas actual fija cada día cinco enlaces entre León y Cistierna, a los que se suman uno más que llega desde la capital del Bernesga a Guardo y otro que prosigue hasta Bilbao. Unas conexiones que dan servicio a una dispersa población rural desprovista de altas velocidades y autovías, que recurre a este nada rápido servicio para desplazarse a otros núcleos de población.
La Junta de Castilla y León ha denunciado desde que se conoció la solución del Gobierno al conflicto de los trenes un «agravio» hacia estos usuarios con ese anuncio de gratuidad -en Asturias y Cantabria se extiende también a los cercanías, que no existen como tal en la Comunidad-. El coste se reduce actualmente a cero para usuarios recurrentes. Entre septiembre y diciembre de 2022 se bonificaron cerca de 6.000 abonos para la línea León-Guardo. La contraprestación tiene como fecha de caducidad el 30 de abril si el Gobierno no prorroga las compensaciones que puso en marcha en un escenario de inflación.
La justificación de la Junta para reclamar «igualdad» es que en Castilla y León tampoco se renovará la flota a corto plazo en virtud de los retrasos del citado contrato. Inicialmente, el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos citó a la Comunidad entre las receptoras de los nuevos convoyes, pero en las últimas y convulsas semanas nada se ha dicho de este territorio, Galicia o País Vasco. El Ejecutivo autonómico reclama saber si es también afectada del polémico contrato o si fue excluida de la nueva partida de convoyes, entendiéndose en todo caso «perjudicada». Piden también sentarse a la mesa cuando se convoque a cualquier otra región con estos servicios.
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Más allá de esta malograda remesa, la Comunidad, y en concreto León, arrastra ya una deuda en la materia. Casi ni se espera llegar a esos convoyes que iban a permitir una integración en la ciudad que lleva doce años en vía muerta. El proyecto data de tiempos en los que aún existía Feve. Se propusieron nuevos ramales e incluso el PSOE desde el Ayuntamiento planificó su continuidad como tranvía, pero pese a que se avanzó en el acondicionamiento, los trenes siguen sin llegar a Padre Isla desde 2011, alejando a los viajeros del centro. La solución, decía el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, podría llegar con unos trenes eléctricos con baterías, pero de estos, al igual que de los hipotéticos incluidos en el contrato de Asturias y Cantabria no se sabe nada.
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