Bono por nacimiento o adopción en Castilla y León: quiénes lo podrán solicitar y cómo funcionará

Míriam Antolín

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01/02/2023
Actualizado a las 09:57h.

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A partir del próximo 7 de febrero las familias de Castilla y León podrán acceder a una ayuda de hasta 2.500 euros por recién nacido. Se trata del nuevo Bono Nacimiento, una prestación para los alumbramientos o adopciones realizadas a partir del 1 de enero de 2023 cuya cantidad variará en función de la renta y del número de hijos, según explicó ayer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la presentación de la nueva prestación autonómica.

Los importes se ingresarán en una tarjeta prepago en dos fases -la mitad en la primera y el resto en la segunda, a los seis meses- y tendrán que destinarse exclusivamente para productos relacionados con la crianza de los menores. Además, otro de los requisitos será que el dinero deberá gastarse en comercios autonómicos. No habrá distinción de tamaño de los establecimientos, pero tendrán que estar vinculados a alimentación, supermercado, farmacia o parafarmacia, entre otros, para hacer frente así a las necesidades de los recién nacidos.

Con esta ayuda, cuyas bases reguladoras recoge este miércoles el Boletín Oficial de Castilla y León, la Junta espera hacer despegar el censo de la Comunidad y dar un empuje a una maltrecha natalidad que cae en picado en los últimos años. Según los cálculos del Ejecutivo regional, los beneficiarios, que deberán estar empadronados en la Comunidad, serán entre 14.000 y 15.000 familias al año y el presupuesto, unos 20 millones de euros para este ejercicio. «Se trata de ayudar a los padres y de dinamizar a la vez el comercio de proximidad», defendió Fernández Mañueco.

No habrá un límite temporal para poder desembolsar el dinero, pero sí en el periodo para solicitar la tarjeta. Los progenitores solo podrán pedir la nueva prestación durante los tres primeros meses del nacimiento o adopción de su hijo. Las bases detalladas de la convocatoria y sobre cómo deben presentarse las solicitudes se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León de hoy, donde se incluye también las condiciones de acceso. Una vez aprobada la petición, los padres recibirán en su domicilio la que Mañueco presentó como la Tarjeta Familia.

La intención es que se pueda disponer de ella en «menos de una semana», indicó el líder de la Junta, y que llegue al domicilio junto a las instrucciones de utilización.

Así, para las familias con rentas inferiores a 40.000 euros, la prestación será de 1.500 euros por hijo, 2.000 por el segundo y 2.500 por el tercero y siguientes. Cuando los ingresos se encuentren entre los 40.000 y 60.000, la ayuda por el primer nacimiento será de 1.000 euros; en el segundo, 1.500 y el tercero y sucesivos, 2.000. Por último, si el umbral supera los 60.000 euros, las cantidades irán desde los 500 para el primer niño, a los 1.000 por el segundo y los 1.500 por el tercero y siguientes.

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La prestación se ingresará en una tarjeta prepago, variará en función de la renta y el número de hijos y será para los alumbramientos o adopciones que se produzcan desde el 1 de enero de este año

Además, para los partos múltiples o adopciones simultáneas, la Junta abonará por todos los nuevos hijos el importe mayor que corresponda. «Por ejemplo, una familia del tramo inferior de renta que tuviera trillizos percibiría 7.500 euros, 2.500 por cada nacido», explicaba el dirigente regional, quien detalló que en el caso de que algunos de los menores tuviera discapacidad las cantidades «se duplicarán».

Todo se ingresará en la tarjeta prepago, lanzada conjuntamente con la entidad Caixabank, con la que los progenitores podrán realizar las compras. «No tendrán que hacer nada porque se les aportarán las cuantías directamente», indicó, a la vez que tranquilizó al sector del comercio. «Ellos no tendrán que controlar nada», garantizó a los responsables de los establecimientos, apelando también a la responsabilidad de los beneficiarios para hacer un buen uso de un dinero destinado para cubrir con los gastos de sus hijos en los primeros meses de vida.

No obstante, la entidad financiera se encargará de hacer un «primer análisis sectorial» de las compras y más tarde será el Gobierno autonómico el que hará «de modo aleatorio» estudios para comprobar que se cumplen las condiciones y requisitos para utilizar la nueva tarjeta.