Los 6.000 ataúdes que ¿no llegaron? al crematorio

Había mucho dolor acumulado en unos minutos insoportables y era un supuesto que se antojaba difícil de creer: el robo de la dignidad a una persona al filo de su adiós definitivo y ante la desconsolada mirada de los suyos.

Pero dos años después, en 2019, esa idea volvió a su cabeza. Explotaba una operación policial que apuntaba a la funeraria El Salvador de Valladolid, en la que velaron a su ser querido, e investigaban el posible cambiazo de ataúdes para su reventa. Tras un lustro, el juzgado que instruye el caso calcula en 6.000 las posibles víctimas y ha procesado a 25 personas entre propietarios y trabajadores. El fiscal pide para ellos penas que en conjunto superan los 206 años de prisión.

La supuesta trama podría haber actuado durante al menos veinte años en los que se habría instaurado supuestamente por la empresa una práctica consistente en la sustracción sistemática de los ataúdes de los fallecidos antes de pasar por crematorio para poder reutilizar los féretros revendiendo los mismos -a lo que se habrían sumado también las coronas, centros y ramos de flores-.

Ni siquiera los de niños suponían una línea roja; lo fueron en un principio pero se modificó «el criterio», de acuerdo con el auto de cierre de instrucción, que apunta a que las excepciones habrían sido, al parecer, una cuestión empresarial - no se cambiaba la caja si ésta era de mala calidad-, o de logística -si existían restos orgánicos o el cadáver fuera muy pesado o tuviera alguna enfermedad infecciosa-.

Noticia Relacionada

La Fiscalía pide penas que suman 206 años de cárcel por la estafa funeraria de Valladolid

ABC

Las penas más elevadas, veinte años, se solicitan para la viuda del dueño del tanatorio El Salvador y sus tres hijos

Son los hechos que supuestamente documentan los apuntes encontrados en posesión de uno de los trabajadores de la empresa a los que la investigación llegó después de que el actual gerente le denunciara por extorsión. Ambos están imputados. Este empleado había operado en uno de los hornos crematorios desde su inauguración en 1995 hasta su jubilación en 2015. Inicialmente las anotaciones fueron manuscritas y posteriormente comenzó también a hacer fotos -en su casa se hallaron decenas de ellas así como catorce carretes sin revelar en su frigorífico-.

Entre la documentación requisada se señala directamente a trabajadores como ejecutores de los cambiazos, empleados -incluido él- que intervenían en las incineraciones ayudados por otros como conductores, mecánicos y diverso personal de las instalaciones, que la Fiscalía entiende que participaron en este «plan ideado» por el propietario.

Supuestamente sacaban a los cadáveres de los ataúdes, y les introducían en el horno crematorio sobre cajas de simple aglomerado de las destinadas a reducciones de restos cadavéricos -algunas incluso previamente usadas-, tapas de ataúdes en desuso o que presentaban defectos, o simplemente envueltos en un sudario.

Por noma general, se habría «negado ver la entrada de féretro» a los familiares, situados en una sala contigua con un ventanal que tras el responso acordado se fundiría a negro con el cierre de la cortina por parte del personal. Con el tiempo, según el relato de la Fiscalía en su escrito de calificación provisional, también se habría puesto en marcha una segunda táctica: se accionaba el mecanismo para que de manera automática el féretro se desplazara hacia el interior. Pasados unos minutos, los asistentes decidían abandonar la estancia, «desconociendo que el empleado tan sólo había activado el ventilador, pero no los quemadores», lo que habría inducido a pensar que se había realizado el proceso pese a que «no se estaba realizando ninguna operación de ignición».

Noticia Relacionada

La Policía entra en el cementerio de El Salvador dentro de la operación contra la estafa de los ataúdes

El objetivo era practicar una prueba fotográfica y un cotejo espacial en las instalaciones dentro de la investigación judicial

Fueron «capaces de aguantar el dolor de una familia detrás de un cristal, sufriendo en esos momentos, sabiendo que todo era una pamema y que lo que se estaba haciendo no era real». «Nos han tratado peor que a perros», apuntaba a Ical Rebeca al conocer la trama y rememorar esos terribles momentos en los que se despedía de su marido.

El engaño incluso pudo haber sido mayor y los difuntos ni siquiera haber sido incinerados allí donde creían sus familiares. La empresa cuenta con crematorio en dos instalaciones, pero para «facilitar» la práctica la investigación apunta a que se centralizó en uno de ellos.

En el otro, más moderno y que abrió en 2013, había quejas de los vecinos de la urbanización colindante. Así, tras esa supuesta escena de los ventiladores, el fiscal narra que el féretro con el fallecido era sacado del horno y bien se trasladaba tal cual a las otras instalaciones o se daba el cambiazo 'in situ' del ataúd, que viajaba en otra caja. Los informes de consumo apuntan en esa dirección ya que concluyen que éste «no se corresponde» con el número de incineraciones que oficialmente se realizaron en cada dependencia en varios de los años sometidos a estudio.

Fuera del campo de visión de los seres queridos la situación reflejaba «una gran falta del respeto debido a los difuntos», a los que de acuerdo con los documentos del extrabajador durante el proceso se dejaba tumbados boca abajo en el suelo o camillas, señala la juez instructora. Concluido el cambiazo los féretros se habrían acumulado en la sala de embalsamar o en almacenes añejos y posteriormente estos «ataúdes de reciclaje», como los denominaba el personal, se «llevaban de nuevo al tanatorio» y «se ponían otra vez a la venta», algunos por tercera vez.

Durante dos décadas, el citado el empleado llevó un registro de las incineraciones que deberían haberse realizado en un crematorio del tanatorio y asegura que se hicieron en las instalaciones del cementerio en las que se habría concentrado la práctica del cambiazo y de los casos en los que se sustituyó la caja, además de partes de defunción, esquelas, datos de contacto de los familiares… Incluso recogió información de lo que se hacía en otros turnos o cuando estaba de vacaciones.

Noticia Relacionada

La juez procesa a 25 personas por el 'cambiazo' de hasta 5.997 ataúdes en incineraciones

M. Gajate

Imputa a la familia Morchón, propietarios de la funeraria El Salvador en Valladolid, además de a varios trabajadores y al empleado jubilado que denunció la supuesta trama

Toda esta documentación fue el punto de partida para investigar la trama que llevó a otros siete registros en la funeraria y los domicilios de la familia Morchón, al frente de la misma. El más variopinto fue el del patriarca, que por aquel entonces ya se habría retirado, aunque al parecer seguía moviendo los hilos de la empresa que fundó en los 80 y que sigue siendo uno de los grandes grupos del gremio en la capital del Pisuerga. En su casa los billetes asomaban hasta de una sopera y en bolsas del súper había fajos que sumaron casi un millón de euros.

El pinchazo de teléfonos dejó también reveladoras frases de su entorno, entre las que algunos se mostraban tranquilos creyendo que por los años pasados desde que «lo empezaron a hacer» los hechos habrían prescrito y otros hablaban de «pillada».

El fundador -fallecido en 2022- y dos de sus hijos ingresaron en prisión provisional y salieron bajo cuantiosas fianzas. Ellos y varios trabajadores pasaron a disposición de la juez, ante la que también declaró una exempleada que describió ese 'modus operandi' de la trama que estaba bajo lupa. La investigación siguió tirando del hilo y acumulando informes que señalaron fórmulas que «maquillaron» el cambiazo.

Vigilancia Aduanera apuntó que no se habían realizado compras «suficientes» en número de ataúdes para los servicios prestados. Entre 2001 y 2014 calculan hasta 1.174 menos, a los que se suman otros tantos miles con irregularidades en las facturas que «simulaban» compras en las que sólo se pagó el IVA o se abonó un sobrecoste «duplicándose el valor» de los féretros. Si se añaden esos supuestos, el déficit fue de 4.500 cajas.

«Dicha actividad ha reportado unas ganancias ilícita» de cuatro millones de euros en concepto de la cantidad igual al valor total de los elementos retirados para su posterior nueva venta, de los que «no consta que se haya beneficiado directamente ninguno de los empleados intervinientes en tales operaciones», señala la Fiscalía, que acusa a los 25 procesados de delitos de pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, blanqueo y un delito contra el respeto a los difuntos.

De entre los 206 años de prisión que pide para ellos, sobresale el reclamo de condenas de 20 años para la viuda y los hijos del fundador de la funeraria. Para la veintena de trabajadores insta a condenas de entre dos y nueve años -seis para el extrabajador que tiró de la manta-. Además apunta indemnizaciones de más de 20 millones en concepto del valor de los ataúdes -la mayoría de entre 500 y 600 euros pero algunos con precios muy superiores-, y 3.000 por daños morales a los familiares. Muchos ellos han unido fuerzas en una plataforma de afectados personados como acusación particular y hay 5.400 que han trasladado al juzgado su voluntad reclamar o de los que no consta renuncia expresa.

Por su parte, el gerente e hijo del fundador mantiene que «todo es mentira» y fruto de la «inquina» del exempleado con el que se inicio la investigación, afirmó en una entrevista en Rtvcyl. Su teoría es que hubo un momento en el que a sus compañeros se les subió el sueldo por ejercer más funciones y entonces «empezó con todo esto», «creando un maquiavélico plan».

  «Aquello» que la Fiscalía cifra en ganacias millonarias «no era viable ni económicamente», dijo, al tiempo que destacó que hay quienes no han formalizado denuncia porque «confían en nosotros». «Seguimos siendo la empresa funeraria mas importante de la provincia». Deseando que «acabe la pesadilla», pidió «perdón», por «haber contratado a este señor».