Vox se opone en las Cortes a la propuesta de PSOE y PP sobre la violencia de género

La posición de Vox, según el diputado Iván Sánchez, mantiene el compromiso de «combatir toda forma de violencia, venga de donde venga, porque todas las víctimas merecen protección», y detaca que las actuales líneas de acción «no están dado resultados».

En cambio, desde el PP su diputada Tania Andicoberry afirmó que «la violencia de género sí existe y hay que atajarla». Añadiendo que «hay que poner medios y hay que implementar políticas que ayuden a eliminar de una vez por todas la violencia de género, la violencia machista, en todas sus formas y maneras, en todas».

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Desde el PSOE, la diputada Charo García indicó que en el informe se incluyen las actuaciones desarrolladas, los recursos humanos, asistenciales, económicos destinados por la Administración regional a través del Instituto de la Mujer, para la prevención, la sensibilización, la protección y la recuperación de las víctimas de violencia de género.

También aprovechó para «agradecer» al PP «su intervención y su predisposición para poder aprobarla porque la unidad contra la violencia de género es lo que espera de nosotros y nosotras la ciudadanía».

También intervino la consejera de Igualdad, Sara Simón, quien manifestó su apoyo a la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género, y «de que además haya una mayor y mejor financiación para las comunidades autónomas para que podamos poner en marcha esas medidas, para que podamos mejorar esas medidas y para eso es imprescindible que las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo». Sin embargo, señaló que «resulta complicado pensar que este pacto se pueda reformar», dada la posición de Vox ante la violencia machista.

En otro punto del pleno se produjo la habitual situación del rechazo de la mayoría socialista a las propuesta del PP y Vox, en este caso en un debate relativo a la conciliación laboral y familiar, así como al favorecimiento de la natalidad.

En las propuestas de resolución debatidas, Vox pedía que el Gobierno regional promoviera, entre otras cosas, el papel de la familia a través de campañas de comunicación para prestigiarla «rompiendo estereotipos»; además de «poner a las familias en el centro de todas las políticas públicas» con más presupuesto.

Por su parte, el PP reclamaba en su propuesta apoyos para la implementación de la educación universal de 0 a 3 años, un plan de ayudas a la natalidad con ayudas de 14.500 euros en mensualidades de 500 euros desde el quinto mes de embarazo hasta los dos años de edad o ampliar el servicio de teleasistencia a mujeres con embarazo de riesgo.

Pero al final la mayoría parlamentaria ha aprobado la propuesta socialista, que planteaba seguir impulsando bonificaciones fiscales que ayuden a las familias; impulsar medidas en materia económica y laboral que ayuden a los trabajadores tanto por cuenta propia como por cuenta ajena a conciliar la vida personal y familiar; y «seguir apostando por los servicios públicos y por las políticas sociales que favorezcan a las familias«.

En un debate por una interpelación de Vox en la que proponía el rechazo a los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos, además del último acuerdo entre dicho país y España, «por el enorme perjuicio y daño económico», planteamiento secundado también por el PP, la mayoría del PSOE rechazó esa propuesta, ya que según el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, las relaciones comerciales acarrean beneficios para la producción del sector primario de la región.

Según el diputado de Vox David Moreno, dicho acuerdo es «perjudicial para el conjunto del sector primario», y apuntó que está «generando la actual competencia desleal que tanto está afectando a nuestros productores». A juicio del presidente de Vox en las Cortes, Marruecos rebasa las cuotas acordadas, poniendo como ejemplo que «el año pasado entraron nada menos que 500.000 toneladas de tomates de Marruecos, cuando solamente tenían aprobadas y el límite de 285.000 toneladas», y auguró que «la situación irá a peor para el campo de Castilla-La Mancha.

El diputado del Partido Popular, Antonio José Lucas-Torres, secundó la posición de Vox, afirmando que «el acuerdo con Marruecos es una herida para Castilla-La Mancha», y constituye «un ejemplo claro de cómo la política internacional puede destruir el tejido productivo de una región». Y añadió que «Marruecos está inundando los mercados europeos con productos agrícolas a precios que no cubren ni los costes básicos de producción».

Martínez Lizán, por su parte, recordó que el acuerdo comercial fue suscrito desde la Unión Europea, no siendo competencia autonómica. Además ha recordado la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que anula el acuerdo comercial Marruecos-UE.

Por otro lado, defendió el impacto positivo de los acuerdo comerciales, señalando que los intercambios con Marruecos benefician a Castilla-La Mancha. Y por ello se preguntó: «¿De verdad quiere cortar ese flujo? ¿Sabe lo que supone ese flujo? 152 millones de ventas de Castilla-La Mancha a Marruecos y ¿sabe cuánto les compramos a ellos? 40 millones de euros, 102 millones en el positivo a favor de Castilla-La Mancha. ¿Eso es lo que quiere que rompamos desde Castilla-La Mancha?».