Suspendido por tercera vez el juicio contra un histórico ex alcalde de un pueblo toledano por unos hechos de hace 17 años
Basilio Damián Solórzano fue regidor en Hormigos (700 habitantes) casi tres décadas. Se le acusa de un delito contra la ordenación del territorio por otorgar en 2007 una licencia para construir diez viviendas en suelo rústico, a pesar de varios informes desfavorables
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Basilio Damián Solórzano, alcalde socialista de la localidad de Hormigos (700 habitantes) durante casi tres décadas, deberá volver como acusado a la Audiencia Provincial de Toledo el 17 de septiembre, después que el juicio se haya sido suspendido este martes por tercera vez. En esta ocasión, ha sido por la incomparecencia de varios testigos y tres arquitectos citados como peritos. Las dos veces anteriores, la vista oral fue aplazada el 24 de enero de 2023 por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia y el 6 de junio por la de funcionarios de este servicio público.
Al exregidor y a Luis Lasso, arquitecto municipal desde 2005 a 2009, se los acusa por unos hechos que se remontan a 2007. La Fiscalía pide para cada uno 18 meses de prisión, además de una multa de 6.480 euros, por permitir presuntamente la construcción de diez viviendas en suelo rústico, a pesar de varios informes desfavorables. El abogado de la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento -gobernado por el PP-, eleva su petición a dos años y seis meses porque considera que hubo un delito continuado. Las defensas, en cambio, solicitan la absolución.
El Ministerio Público asegura que el supuesto delito contra la ordenación del territorio comenzó a fraguarse en septiembre de 2007. Una empresa, Alfalex Gestión Inmobiliaria S. L., pidió la autorización al Ayuntamiento para realizar un estudio de detalle con el fin de ordenar unos terrenos en la prolongación de la calle Zarzamora y la de Cerrillo, de nueva creación, para levantar viviendas.
Se trataba de una zona calificada urbanísticamente como suelo rústico de reserva y el secretario municipal informó desfavorablemente, el 4 de octubre de ese año, por «la necesidad» de someter la solicitud al trámite de información pública, además de otros trámites imprescindibles: un informe técnico jurídico de la Comisión Provincial de Urbanismo y la aprobación por parte de la corporación municipal.
Sin embargo, ese mismo día el alcalde dictó un decreto en el que aprobaba el estudio de detalle presentado por Alfalex. De esta manera, el edil prescindió «absolutamente» del procedimiento legalmente establecido, según la Fiscalía, «del que había sido oportunamente informado» por el secretario municipal.
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Un mes después, en noviembre, el arquitecto técnico del Ayuntamiento emitió un informe urbanístico favorable sobre ese estudio de detalle. En él, Luis Lasso aseguraba que la parcela en cuestión pertenecía al suelo urbano consolidado del nuevo Plan de Ordenación Municipal, aunque sabía, según el Ministerio Público, que «acababa de ser inicialmente aprobado por el Ayuntamiento el 22 de mayo de 2007» y que «no entraba en vigor hasta su aprobación en definitiva». Por tanto, todavía regían las Normas Subsidiarias del Planeamiento y la calificación de esa polémica parcela seguía siendo de rústico de reserva.
También estaba en contra un informe del Departamento de Control del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha sobre el proyecto básico de ejecución de las diez viviendas que Alfalex solicitó licencia para construir. En su dictamen, el colegio indicaba que el estudio de detalle y el Plan de Ordenación Municipal estaban «pendientes de aprobación».
Con todo, y a pesar de otro informe desfavorable del secretario municipal emitido el 16 de noviembre, el alcalde dictó ese mismo día un decreto en el que otorgó a Alfalex la licencia de obra para edificar las diez viviendas «en terrenos rústicos de reserva», según la Fiscalía. Esto suponía una «alteración de la ordenación urbanística de Hormigos al autorizar la construcción en zonas donde estaba prohibidas; establecer parcelaciones de menor tamaño y no prever la cesión de zonas verdes, equipamiento y aprovechamiento correspondientes al Ayuntamiento».
Sin embargo, este martes el juicio ha vuelto a ser suspendido por la ausencia de más de la mitad de los testigos y peritos citados por la Audiencia de Toledo, donde esta causa entró en mayo de 2021. Ahora hay que confiar en que a la cuarta se celebre definitivamente la vista oral.
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