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recas

Tercer intento para juzgar al regidor socialista por quitar el sueldo a una exalcaldesa y a una exedil del PP hace cinco años

El último aplazamiento fue en mayo debido a una huelga de funcionarios

«Ahora sí que las ha cagado»: se enfrenta a 14 años de cárcel por degollar a un padre en un merendero tras una discusión

Eliseo Ocaña y Laura Fernández ABC
Manuel Moreno

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¿A la tercera, la vencida? El juicio contra el alcalde de Recas, el socialista Eliseo Ocaña, está fijado para este martes en la Audiencia Provincial de Toledo. Después de dos aplazamientos -el último, en mayo, por una huelga de funcionarios-, es la tercera ocasión en la que se intentará celebrar la vista oral por un presunto delito de prevaricación administrativa que se habría cometido hace cinco años.

Ocaña no se sentará solo en el banquillo de los acusados. Estará acompañado de dos concejales y tres exediles de otros tantos partidos políticos. A los cinco, la Fiscalía los acusa de quitar el sueldo, el 17 de diciembre de 2018, a la alcaldesa por entonces, Laura Fernández, y a su concejal Gabriela Zamorano, ambas del PP. La primera percibía 1.300 euros mensuales, con una liberación del 75 por ciento, y la segunda cobraba 1.200 euros y estaba liberada.

Además del actual alcalde, los procesados son las ediles Mayte Bravo (UCIN) y Pilar Barroso (Ciudadanos), así como los exconcejales socialistas José López, María Isabel Panes y María del Mar Panes.

Para el Ministerio Público, todos los imputados presentaron la moción por la vía de urgencia y votaron a favor, aunque eran «conocedores de la ilegalidad del acuerdo». Se suprimieron automáticamente los salarios de Laura Fernández, que es abogada, y de los concejales delegados de su equipo de gobierno, entre ellos Gabriela Zamorano.

La Fiscalía pide la inhabilitación especial para el empleo o cargo público durante once años, además del pago de las costas, porque asegura que los seis acusados modificaron el régimen y liberación de los ediles, algo que había sido aprobado anteriormente por el pleno. Según Laura Fernández, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo ya anuló la moción «por desviación de poder».

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