El engaño del millón de euros: las ganancias de una red por introducir al menos cien magrebíes ilegales en España
Les cobraba entre 14.000 y 16.000 euros, prometiéndoles un trabajo. La Guardia Civil ha detenido a tres marroquíes en la provincia de Toledo, además de registros en Villacañas y Lillo. Utilizaron un entramado de empresas, la mayoría del sector agrario
Detenido en Alcázar de San Juan por explotar a una inmigrante a la que obligaba a trabajar sin salario ni descansos
La Guardia Civil calcula, a día de hoy, que la red de inmigración irregular que acaba de desmantelar en la provincia de Toledo habría ganado hasta un millón de euros. Las víctimas, más de un centenar de magrebíes de momento, habrían pagado cada una entre 14.000 y 16.000 euros por un trabajo en España, según su investigación.
Sin embargo, muchas de ellas están ahora en una situación de desamparo porque no han logrado la regulación que les prometían, mientras que otras tienen también un panorama más desalentador: las deudas contraídas para conseguir los cerca de 16.000 euros como pago a la red que les introdujo de manera ilegal desde Marruecos.
La Operación Cone ha permitido la detención de tres marroquíes por su presunta implicación, además de registros en Lillo y Villacañas, dos poblaciones de La Mancha toledana separadas por sólo doce kilómetros. Pero la investigación no se ha cerrado.
Con las múltiples denuncias y declaraciones recopiladas de las víctimas, los agentes lograron trazar el 'modus operandi' utilizado supuestamente por los arrestados. La captación comenzaba con una oferta de empleo y la posterior contratación para su regulación, aunque todo formaba parte de un engaño, según los investigadores: esas personas no llegaban a trabajar en ninguna empresa o figuraban dadas de alta en la Seguridad Social durante «un escaso periodo de tiempo».
Para darle forma de legalidad, los detenidos utilizaban supuestamente varias empresas en España, en su mayoría explotaciones agrícolas, a las que ofrecían sus servicios de intermediación. Éstas presentaban ofertas de puestos de trabajo de «difícil cobertura» y con unas condiciones «muy específicas», según la Guardia Civil, lo que complicaba encontrar candidatos con la capacitación requerida entre el personal que demanda empleo en el sector agrario.
Pero no sólo eso: obtenían así un certificado que permitía a las empresas la contratación de extranjeros en su país de origen. A éstos se les ofrecía, previo pago de una elevada cantidad de dinero, un contrato para conseguir un permiso de trabajo por cuenta ajena y un permiso de residencia temporal. Sin embargo, nada más lejos de la realidad que han destapado el Grupo de Información de la Comandancia de Toledo y el de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial. Sus agentes han contado también con el apoyo de la Unidad Central de Especial de Información (UCE 3) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Toledo.
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