La única empresa que explota el opio legal en España ha mantenido una acusación 12 años «para asustar» a los 'vampiros'

Manuel Moreno

Toledo

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14/03/2024
Actualizado a las 18:52h.

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«Hemos mantenido la acusación todo este tiempo para asustar y hacer fuerza. Estos ataques a las plantaciones hacen mucho daño a la empresa». La abogada de Alcaliber S.A., Paula Gómez, lo reconoce a ABC minutos después de acabar esta mañana un juicio breve en la Audiencia Provincial de Toledo. Había retirado los cargos en la sala después de doce años y alcanzar un acuerdo con tres de las cuatro procesadas (una no compareció).

La letrada se refiere a la presencia de los 'vampiros' del opio, viajeros que van buscando la morfina de la adormidera entre marzo y junio en Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma que lidera en España la producción de este cultivo, esencial para la industria farmacéutica.

La empresa que Paula Gómez representa es la única en el país con licencia para la plantación y la explotación del opio legal, además de liderar la producción mundial de morfina y codeína.

En Castilla-La Mancha lo hace en tierras arrendadas a agricultores de las provincias de Albacete y Toledo, donde Alcaliber empezó a sembrar en 2011, y un año después ocurrieron los hechos a los que se les da dado carpetazo este jueves.

La historia se remonta a la noche del 3 de junio en una explotación agrícola de El Carpio de Tajo, a 40 kilómetros al oeste de Toledo capital. Isis, Mónica, Daniela e Inés llevaban una semana acampadas cerca del cultivo, dentro de unas furgonetas que tenían aparcadas en un camino, según la abogada de Alcaliber.

Los vigilantes, que habían visto huellas y daños en las plantaciones de adormideras, se encontraron con las cuatro mujeres sobre las tres de la madrugada. Fueron detenidas por la Guardia Civil después por rajar el capuchón de plantas de adormidera para provocar su sangrado y obtener el opio.

Causaron daños valorados en 6.588,29 euros en un cultivo de 5.320 metros cuadrados, según el escrito de la fiscal Ángeles de la Blanca, fechado el 9 de octubre de 2012. Solicitaba una indemnización por ese importe para la empresa farmacéutica por los desperfectos causados, así como quince meses de multa, a razón de 12 euros diarios.

Sin embargo, la acusación particular añadió el delito contra la salud pública, con la petición de cinco años de prisión, los daños valorados en más de 6.000 euros y una indemnización de 6.588 euros a pagar entre las cuatro.

Paula Gómez mantuvo los cargos en el Juzgado de lo Penal número 2 de Toledo en 2014, que dio traslado a la Audiencia provincial al no ser competente por el delito contra la salud pública. Aunque sólo les separa un kilómetro y medio (veinte minutos andando), el caso no llegó a este órgano judicial hasta el 13 de enero de 2020. Y no se dictó el auto admitiendo la prueba hasta el 18 de febrero de 2022, según el abogado de tres de las acusadas, Ricardo Serrano.

Dos años después, solamente Mónica, que está declarada en rebeldía, no se presentó este jueves al juicio en la Audiencia toledana. Por tanto, no pudo participar en el abrazo mutuo que Isis, Daniela e Inés se dieron después de acabar la corta vista oral.

En la sala la letrada de Alcaliber había retirado el delito contra la salud pública, ya que las tres procesadas -una de ellas viajó desde el sur de Francia para el juicio- se comprometieron a pagar cada una indemnización de 1.000 euros. El de daños, en cambio, ya prescribió. «Era el acuerdo alcanzado, a cambio de que la empresa retirara todo», desvela en el vestíbulo Ricardo Serrano, abogado del turno de oficio.

Fueron cantidades de opio «insignificantes y ellas nunca cometieron un delito contra la salud pública», asevera el letrado, quien ha llevado este asunto desde el principio. «Si las pillaron dentro de la finca, ¿qué disponibilidad de esa sustancia tenían? No les dio tiempo a procesar el opio y tampoco les encontraron utensilios ni dinero de la venta a terceros. Porque no creo que en mitad del campo se pusieran a vender...», ironiza el letrado fuera de la sala.

«Yo sabía perfectamente que no iba a conseguir una sentencia favorable por un delito contra la salud pública, pero hemos mantenido la acusación para asustar, y el boca a boca ha funcionado», asegura la abogada de la empresa tras el juicio. Porque «nos interesa que se escuche lo que se les pide de condena para que la gente coja miedo», admite.

Ramiro Gómez, el padre de Paula, ya ganó como letrado de Alcaliber, en 2013, un juicio en el que la Audiencia de Toledo condenó a dos hombres a un año y ocho meses de prisión, además de 11.000 euros por los daños. «Esa sentencia consiguió que los ataques a las plantaciones se pararan, y ha funcionado el boca a boca, además del trabajo y los medios empleados por los vigilantes de las plantaciones», resalta su hija.

Desde 2021, parece que la empresa duerme menos intranquila porque no suceden esos asaltos en sus fincas de la provincia de Toledo. Los cultivos no están vallados, aunque sí delimitados por caminos, con lo que sus adormideras son fáciles de diferenciar de las silvestres. «Además, éstas no tienen la misma pureza que la que encontramos en nuestros cultivos», puntualiza la letrada.

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Sin embargo, los 'vampiros' se han trasladado a la provincia de Albacete, donde Alcaliber también tiene explotaciones de adormideras. «Muchos de ellos son pakistaníes y se llevan toda la planta para tratarla de alguna manera que desconocemos», subraya la abogada, con lo que «los daños son mayores».

Precisamente en este mes de marzo comienzan a plantarse, para recogerlas a finales de junio y julio, cuando las cosechadoras acceden. Hasta hace dos años, en Toledo los 'vampiros' entraban en las fincas a mediados de mayo, porque es cuando la cápsula de la adormidera está más carnosa y pueden sacar mejor la resina de látex, según Paula Gómez. Pero en Albacete se meten en junio, justo dos semanas antes de la recogida, porque prefieren la cápsula más seca, no tan húmeda como en Toledo. Será una cuestión de gustos, parece.