La conjura de Recas: «Básicamente, me quitaron el sueldo de alcaldesa porque era mala»
«Lo hicimos por la desidia» de su equipo de gobierno y para «castigarla por su mala gestión», afirman en el juicio los seis ediles acusados de un delito de prevaricación. Firmaron en 2018 una moción urgente para retirar el salario a Laura Fernández y a otra concejal del PP
Tercer intento para juzgar al regidor socialista por quitar el sueldo a una exalcaldesa y a una exedil del PP hace cinco años
![Eliseo Ocaña, el primero, acompañado de otros acusados y de su abogado, llega a la Audiencia de Toledo](https://s2.abcstatics.com/abc/www/multimedia/espana/2024/01/30/recas-R7ErKYQbnIu9YjnBfkyQTvM-1200x840@abc.jpg)
Sí, a la tercera fue la vencida y el juicio se celebró este martes en la Audiencia Provincial de Toledo, aunque una incidencia inesperada de uno de los acusados pudo haberlo suspendido. Finalmente, los seis ediles procesados por prevaricación administrativa por la Fiscalía se sentaron en el banquillo. Además del actual regidor municipal de Recas, el socialista Eliseo Ocaña, los ediles Mayte Bravo (UCIN) y Pilar Barroso (Ciudadanos), así como los exconcejales socialistas José López, María Isabel Panes y María del Mar Panes.
El Ministerio Público les pidió cuentas por haber votado a favor de una moción urgente, en un pleno celebrado el 17 de diciembre de 2018, con un solo fin: quitar el sueldo a la alcaldesa por entonces, Laura Fernández, y a su concejal Gabriela Zamorano, ambas del PP. La primera percibía 1.300 euros mensuales, con una liberación del 75 por ciento, y la segunda cobraba 1.200 euros y estaba liberada. También eliminaron así las indemnizaciones del resto de concejales de su equipo de gobierno.
Era la primera vez que todos los implicados se veían en una situación así. Y los firmantes lo hicieron «por la desidia» de los ediles de Laura Fernández, a la que acusaron de no convocar, por ejemplo, la junta de portavoces y de «torpedearlos». «Plenos a deshora y hacía las cosas a su antojo», declaró María del Mar Panes.
«Había cosas raras», dijo la procesada Pilar Barroso, abogada de profesión, sobre gestión de la alcaldesa. «Se estaban dando unas circunstancias raras, como el cese de la secretaria municipal», apuntó la letrada, quien añadió que «sé ahora» que aquello que votaron «está mal hecho». Aludía de esa forma a la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo, que meses más tarde anuló la moción «por desviación de poder».
![Los seis acusados, esta mañana en la Audiencia de Toledo](https://s2.abcstatics.com/abc/www/multimedia/espana/2024/01/30/recas1-U50451622323vAJ-760x427@abc.jpg)
«Voté según los intereses de mi pueblo», afirmó Mayte Bravo. «Pretendíamos que se ganase el sueldo; no hacía lo que debía para ganárselo», declaró José López, el concejal que presentó y motivó la moción. «Podía haber traído dos o tres carpetas de escritos a los que la alcaldesa no contestaba», puso como ejemplo. «Parecía que el ayuntamiento era suyo», añadió. Luego reconoció que «le quitamos el sueldo sin saber que la ley no lo contemplaba».
El actual regidor municipal, Eliseo Ocaña, se defendió diciendo que «había falta de información del equipo de gobierno», y que «como vecino y concejal» por entonces «me constaban las malas» gestiones. María del Mar Panes fue más tajante: «Queríamos castigarla por su mala gestión».
Todos los inculpados se declararon inocentes y sólo respondieron a las preguntas de su abogado y de la fiscal. Aseguraron que la regidora municipal, también abogada de profesión, y el secretario del ayuntamiento no presentaron ninguna objeción, «ni verbal ni por escrito», en los tres plenos relacionados con este asunto.
Del abogado de la denunciante no quisieron saber nada. Ella admitió en su comparecencia que tenía «enemistad con todos por el tema político» y que, «básicamente», el motivo de la moción fue que «yo era mala». Aseveró que la maniobra le pilló por sorpresa, incluso al secretario municipal, ya que «no me habían amonestado antes por estar descontentos con mi gestión». «Fueron a hacernos daños a nivel personal porque dejábamos de percibir el salario», sentenció sobre los seis acusados, para quienes el Ministerio Público solicita once años de inhabilitación especial para cargo o empleo público.
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