El Gobierno recurre las cláusulas sociales en contratos públicos de Castilla-La Mancha
La Abogacía del Estado ha presentado un recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad (TSJCM).
![El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina](https://s3.abcstatics.com/media/espana/2017/02/03/ruiz-k3Z--620x349@abc.jpg)
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha anunciado este viernes que el Gobierno de Mariano Rajoy ha recurrido la instrucción aprobada por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha sobre la inclusión de cláusulas sociales en la contratación del sector público regional.
En concreto, la Abogacía del Estado ha presentado un recurso contencioso-administrativo, a instancia de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, ante el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad (TSJCM).
«Hoy nos hemos enterado de que, nuevamente, la señora Cospedal ha intercedido para que la Abogacía del Estado recurra la instrucción que aprobó el Consejo de Gobierno», ha afirmado Ruiz Molina, quien ha explicado que el objetivo de esta instrucción es «introducir en todo el proceso de contratación la perspectiva de género, favorecer la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y que los discapacitados tengan más posibilidades de trabajar».
Unas cláusulas, ha apuntado, para « aumentar los derechos sociales de los ciudadanos» a través de la contratación del sector público.
Ruiz Molina ha denunciado que «todo aquello que tiene que ver con la recuperación social» de Castilla-La Mancha es «objeto continuo de recurso por parte de la Administración del Estado, fundamentalmente, por la intercesión de Cospedal, que intervino de forma muy decidida para recurrir la reducción a las 35 horas para los empleados públicos de esta región».
«O que ha estado poniendo en tela de juicio las ofertas de empleo público que hemos ido aprobando para recuperar la calidad de los servicios públicos que se merecen los ciudadanos de esta región. Estamos ante una triste noticia», ha añadido.
Con ello, ha defendido que la instrucción que aprobó el Consejo de Gobierno se ajusta a derecho y, por lo tanto, «el objetivo de la Abogacía del Estado por mandato de Cospedal y del delegado del Gobierno en la región es meter miedo a los ciudadanos de esta región», algo a lo que les «tuvieron acostumbrados en los últimos cuatro años de esta legislatura», a su juicio.
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