castilla-la mancha
Los servicios jurídicos de la Junta consideran inconstitucional el impuesto a la banca
El Consejo Consultivo dictaminará este jueves si procede presentar recurso ante el Tribunal Constitucional al existir motivos para impugnar el reparto de fondos
Page y Guardiola estudian llevar el impuesto a la banca al Constitucional: «Es una imposición de Puigdemont»
El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha dictaminará el próximo jueves, 20 de marzo, si procede o no que el Gobierno regional presente un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a la banca, como ya dejó entrever el presidente García-Page el pasado lunes en su viaje a Extremadura.
Los servicios jurídicos de la Junta han redactado ya un informe al respecto y creen «que hay motivos para recurrir los criterios de reparto de fondos, exactamente lo que impuso Junts», han señalado este domingo a ABC fuentes del Gobierno regional». Este informe será remitido al Consejo Consultivo, que probablemente el próximo jueves dictaminará si procede que el Gobierno de Page pueda presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional».
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Las mismas fuentes han señalado que los servicios jurídicos de la Junta consideran inconstitucional el apartado 21 de la disposición adicional novena, que fue fruto de una enmienda pactada con Junts. En él se establece la distribución de los ingresos del impuesto en función del PIB de cada región, lo que rechaza el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Desde la Junta de Comunidades entienden que ese criterio es «atípico y anómalo», sin referencias previas en la legislación fiscal nacional o internacional». Además, consideran que afecta al sistema de financiación autonómica y que «se ha decretado de manera unilateral, sin la participación, previa y preceptiva, de las Comunidades autónomas».
Imposición de Puigdemont
En la reunión del pasado lunes de Page con la presidenta de Extremadura, María Guardiola, ambos mandatarios cerraron filas en materia de financiación, y Page confirmó que ambas regiones están estudiando llevar el impuesto a la banca al Tribunal Constitucional, al considerar que se trata de una nueva «imposición de última hora de Puigdemont», dijo el presidente de Castilla-La Mancha, que en ese mismo acto avanzó que los servicios jurídicos de la Junta Castilla y La Mancha estaban estudiando al detalle el impuesto.
«Lo que no tiene sentido es distribuirlo para que se lleven más los que más tienen», postura que respaldó su homóloga extremeña. «Desde luego, nos ayudamos más entre las Comunidades autónomas que en el Congreso de los Diputados», ironizó el socialista. Con la propuesta de Junts, Cataluña recibiría cinco veces y media más que Castilla-La Mancha y hasta 32 veces más que La Rioja, y una diferencia de más de 227 millones entre la región y Cataluña.
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