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El PP de Pioz denuncia «opacidad y amiguismo» en la gestión del gobierno del PSOE con los dos exconcejales de Vox

Unidas Podemos también denuncia al Gobierno local de Pioz acusándolo de incumplir el pacto antitransfuguismo

Dos ex de Vox, ahora no adscritos, en el Gobierno socialista de Pioz

ABC

Guadalajara

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Los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pioz han denunciado «opacidad y amiguismo» en la gestión del gobierno formado por el PSOE y los dos exconcejales de Vox que «han abandonado la formación a cambio de dos sueldos que cuestan a los vecinos casi 66.000 euros al año».

En una nota de prensa, los ediles 'populares' denuncian que «todas las preguntas que hacen al alcalde obtienen como respuesta que tienen que estudiarlo y esas respuestas nunca llegan». Esto, aseguran, «podría tener que ver con que el alcalde socialista Manuel López está ausente en el Ayuntamiento, ya que tiene otro cargo como asesor de la Junta en Guadalajara, que parece que es lo que iba buscando cuando se presentó a las elecciones«.

Además, el portavoz del Grupo Popular, José Luis Sánchez, ha criticado que el «amiguismo» se haya instalado en el Ayuntamiento al igual que la forma de proceder en las licitaciones.

Sánchez ha asegurado que desde la oposición del Partido Popular seguirán «muy vigilantes» ante la falta de licitación en algunos contratos «de dudosa legalidad» y su adjudicación «a dedo» a personas o empresas cercanas al alcalde y al gobierno «en detrimento de la libre competencia hacia el resto de empresas». Esto va unido al «aumento de facturas y gastos exagerados» en algunos conceptos.

Del mismo modo, el Grupo Municipal Unidas Podemos del Ayuntamiento de Pioz, compuesto por los tres concejales y concejalas que las dos anteriores legislaturas gobernaron la localidad, ha denunciado judicialmente al actual Gobierno local por, presuntamente, «haber incumplido el pacto antitransfuguismo».

Según señala Juan Antonio Pendás, anterior alcalde de Podemos en Pioz y actual concejal morado en el ayuntamiento, la denuncia busca «esclarecer responsabilidades penales por presuntas prevaricación y malversación del antidemocrático acuerdo de gobierno que podría vulnerar el pacto antitransfuguismo al compensar a los concejales de ultraderecha económicamente con sueldos desorbitados», según ha informado la formación en nota de prensa.

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