Page amenaza con echar a 2.500 empleados públicos si no se aprueba el techo de gasto y CSIF se lo echa en cara

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto ha pedir este jueves al Gobierno que apruebe el techo de gasto recordando que de no hacerlo habría un recorte para la región de 100 millones de euros que podría suponer despedir a 2.500 trabajadores de la comunidad autónoma.

«Comprenderán que estoy muy preocupado porque además estoy determinado a no despedir», ha manifestado García-Page durante su intervención en la inauguración del Centro de Emprendimiento, Orientación, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (COE) de Castilla-La Mancha.

Esto le ha llevado a decir que pese a que «otros» con el «primer soplo de recortes» lo que hicieron fue «abusar» de los servicios públicos, su Gobierno va a intentar «por todos los medios» no tener que despedir a 2.500 trabajadores públicos porque, además, afectaría a los «grandes» servicios públicos regionales.

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Para el presidente regional, aunque el país va mejor económicamente «no son tiempos buenos para la Administración». «Hay muchos problemas estancados de gestión administrativa y de gestión presupuestaria», ha dicho, para agregar que «no es neutral que se paralicen las inversiones o se dilaten los plazos en todos los sentidos».

«Muy particularmente no es normal que nos estén exigiendo, quien ni siquiera es capaz de aprobar su presupuesto, tener que entrar ni más ni menos que en superávit. Clama al cielo. Somos víctimas colaterales», ha sostenido el presidente castellanomanchego.

Un problema en ese principio de año que el jefe del Ejecutivo castellanomanchego está convencido de que se conseguirá solucionar aunque ha dicho que «tiene que ser con un esfuerzo conjunto». «Es la preocupación que estamos gestionando porque realmente nosotros vamos a seguir con los planes adelante».

Ante esas declaraciones, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, ha lamentado las «graves declaraciones» efectuadas este jueves por el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, que ha señalado que el recorte de financiación de 100 millones de euros al no aprobarse el techo de gasto por parte del Gobierno central podría suponer el despido de 2.500 empleados públicos en la región.

La Central Sindical coincide con García-Page en la necesidad de contar con unos Presupuestos Generales del Estado, pero en todo caso censura que se utilice a los empleados públicos como rehenes.

«Estamos hartos de ser siempre los empleados públicos los que pagamos todas las crisis, no vamos a consentir que se nos coloque otra vez en el punto de mira y como prescindibles mientras se privatizan servicios y se conceden subvenciones millonarias. Coincidimos plenamente en que nuestra región debe estar suficientemente financiada y en que no puede haber comunidades de primera o de segunda, pero desde luego no vamos a tolerar que se nos utilice, como si fuéramos de usar y tirar», señala el presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez.

De hecho, la Central Sindical, que se ha concentrado hoy en todas las subdelegaciones del Gobierno del país en defensa de Muface, también ha denunciado la «parálisis» del Gobierno central, «incapaz de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado».

Es más, CSIF tiende la mano a García-Page al entender que el Ejecutivo central está llevando a cabo una «actitud negligente, atrapado por sus socios de Gobierno, al mantener en suspenso temas urgentes con la Administración pública».

«En todo caso, la amenaza de despedir a 2.500 empleados público, llevada a cabo durante su intervención en la inauguración del Centro de Emprendimiento, Orientación, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (COE) de Castilla-La Mancha, »está totalmente injustificada«.

En cambio, CSIF propone acabar con las subvenciones que concede el Gobierno regional a CCOO y UGT, que ya acumulan más de 43,9 millones de euros, o que reduzca los altos cargos que mantiene la Junta de Comunidades, un total de 148 que en su conjunto suponen más de 10,5 millones de euros anuales a las arcas públicas.