Un nuevo decreto de purines establece que los estercoleros tendrán que estar a más de 2.000 metros de poblaciones

También quedará prohibida la aplicación directa de purines para la valorización agronómica si no se han sometido a un tratamiento previo.

El nuevo decreto entrará en vigor este sábado, tras su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. En la actualidad como consecuencia de la moratoria hay 61 explotaciones suspendidas cuyos promotores presentaron la solicitud correspondiente.

A partir del día 2 de enero, el Gobierno regional notificará a los ayuntamientos, empresarios y promotores sobre la nueva legislación, que implica a las 1.258 explotaciones de la región de las cuales 326 cuentan con autorización ambiental integrada.

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Actualmente la normativa establecida por la Ley 1/2022 del 14 de enero de medidas tributarias y administrativas de Castilla-La Mancha mantenía una moratoria hasta el 31 de diciembre de este año para no admitir nuevas solicitudes de concesión, a la espera de elaborar una transformación del sector porcino y actualizar el sistema de tratamiento y separación de los residuos sólido-líquidos.

El nuevo decreto busca dar una solución a las molestias y las malas praxis que han afectado a diversos municipios de la región en los últimos años debido a olores y contaminación de suelos.

Durante este periodo transitorio Gómez ha explicado que ha constituido un equipo técnico y científico y «una colaboración inestimable con las organizaciones agrarias del sector industrial, los grupos conservacionistas y las plataformas vecinales contrarias al establecimiento de este tipo de explotaciones» para desarrollar el nuevo decreto.

«Ha supuesto mucho trabajo su puesta en marcha, pero creemos que es un decreto que va a dar transparencia y valorización agronómica a los purines generados en las explotaciones de Castilla-La Mancha dado a que se establecen las mejores técnicas disponibles para favorecer este subproducto ganadero», ha destacado la consejera.

La nueva normativa recoge una serie de medidas técnicas como la aplicación de prensas centrífugas, digestión anaerobia y aerobia, NDN, compostaje y técnicas emergentes consolidadas como el 'stripping' o el uso de combinación de separaciones que existen actualmente en los mercados del sector ganadero.

También hay medidas que afectan a su transporte y aplicación al campo, como es la prohibición de su uso en los meses de julio y agosto para evitar la difusión de malos olores, o sobre a los materiales de construcción de los estercoleros.

Gómez ha informado que la nueva normativa cuenta con excepciones «fundamentales» como son la ganadería extensiva o las explotaciones familiares.

Estas últimas contarán con un periodo de exención de cinco años para adaptarse al nuevo decreto, así como las explotaciones que tengan menos de 240 UGMs y sean de explotación intensiva también tendrán un periodo de adaptación de 10 años.

Del mismo modo, las explotaciones que actualmente tengan autorización ambiental integrada y no cumplan con el nuevo decreto también dispondrán de este periodo de exención.

La consejera ha asegurado que se establecerán una serie de ayudas desde la Consejería de Agricultura para «ayudar a los ganaderos a incorporar las nuevas técnicas».

Otros de los puntos destacados del decreto ha sido la prohibición de entrada a Castilla-La Mancha de purines producidos en otras comunidades autónomas para su valorización.

El Gobierno regional ha remarcado que está trabajando en un plan regional de biometanización de cara al 2030 «para facilitar a los agricultores fertilizantes de alta calidad que permitan ganar seguridad en cuanto al uso de esta materia orgánica indispensable y evitar la utilización indiscriminada de fertilizantes minerales que contribuyen a la contaminación de suelos y aguas subterráneas».

Con este proyecto, Castilla-La Mancha espera dar salida a las 15,7 millones de toneladas de residuos de materia orgánica que se producen en la región de una manera «responsable».

La consejera de Desarrollo Sostenible ha detallado que han establecido una figura que incorpora representantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, miembros de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible y a la que se sumarán también los grupos conservacionistas para ayudar a la acreditación de que se cumplan los planes de producción y gestión de estiércoles y la aplicación de las nuevas técnicas.

Gómez ha adelantado que su equipo está ejecutando un proyecto de control y análisis para la valorización del nitrógeno en el suelo de nuestro territorio, al que se ha dedicado ya dos millones de euros.

«Estamos trabajando para detectar las zonas vulnerables y contaminadas por nitrato y actualizar la información del suelo de nuestra región», ha comentado la consejera.

El sector supone el 18% del PIB regional y engloba a 33.000 empleos, con una producción total de carne de 400.000 toneladas y una ocupación del 3,5% de la superficie agraria castellano-manchega.

La consejera ha concluido que la nueva normativa pretende «dar garantía a todos los ciudadanos de que la gestión de purines se hace con el mejor tratamiento posible y cause los menores perjuicios posibles a la población conforme a las mejores técnicas que se disponen».