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Detenidos también los compradores de la niña de 12 años forzada a casarse en Malagón, pero quedan en libertad provisional

Tanto los padres vendedores como los que pagaron por casarla con su hijo de 16 de años se encuentran en libertad provisional, aunque se les imputa un delito de coacciones por matrimonio forzado

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume la tutela de los hermanos pequeños de la menor víctima y busca el regreso de ésta desde Granada, donde fue localizada, para juntarlos

Mariano Cebrián

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«El matrimonio infantil y forzado es una violación de los derechos humanos y una práctica nociva que afecta de forma desproporcionada a las mujeres y las niñas en todo el mundo, impidiéndoles vivir sus vidas libres de toda forma de violencia». Esto es lo que se recoge en la sexta resolución sobre el matrimonio infantil, temprano y forzado de la 53ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) celebrado el pasado mes de julio de 2023.

Este tipo de actos ilegales siguen siendo bastante habituales en algunos lugares de Asia del Sur, Asia Oriental y África, aunque en otros puntos del planeta también se pueden encontrar algunos casos. Sin ir más lejos, este lunes se conoció la detención, por parte de la Guardia Civil, de una madre y el padrastro de una menor de 12 años a la que iban a obligar a contraer matrimonio a cambio de 3.000 euros. Unos hechos que se comenzaron a investigar el mes pasado, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento de la existencia de unos menores que podrían encontrarse en situación de desamparo en la localidad ciudadrealeña de Malagón, donde residían desde hace años.

En este municipio de poco más de 7.500 habitantes del norte de la provincia de Ciudad Real no se habla de otra cosa desde que se supo la noticia de la detención de la madre y del padrastro de la menor, ambos de nacionalidad rumana, a los que se les imputa de manera provisional como presuntos autores de un delito de coacciones en la modalidad de matrimonio forzado. Los dos detenidos, tal y como han explicado a ABC desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, fueron puestos a disposición judicial el pasado 17 de febrero en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ciudad Real.

Según las mismas fuentes, «tras tomarles declaración, el titular del juzgado decretó la libertad provisional de ambos y se establecieron las siguientes medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y de aproximarse a la menor a una distancia inferior a 300 metros durante 45 días, a la espera del avance de la investigación judicial».

Del mismo modo, según han informado desde la Guardia Civil de Ciudad Real, los compañeros del Cuerpo en Granada han detenido este martes a los compradores de la niña de 12 años de Malagón, los padres de un chico de 16 años con el que pretendían casarla en la localidad de Baza, donde fue localizada la menor vendida. A ellos, indican, se les imputa de manera provisional, igualmente, como presuntos autores de un delito de coacciones y atentar contra la libertad de las personas en la modalidad de matrimonio forzado, aunque la Justicia también ha decretado la libertad provisional de ambos.

Tras la detención de la madre y del padrastro de la niña vendida, el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha hecho cargo, en coordinación con el de Andalucía, de la tutela de sus otros hijos, tres menores de 5, 7 y 8 años que se encontraban en situación de desamparo. Así lo ha dado a conocer la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, que ha manifestado que la intención «y lo lógico es que los cuatro hermanos estuviera juntos».

Todos ellos iban al colegio Santa Teresa de Malagón, donde estaban escolarizados y donde no acudían a clase desde hace un tiempo, tal y como pudo averiguar la Guardia Civil, que también supo que la menor a la que vendieron había manifestado en su entorno social que estaba recibiendo agresiones físicas habituales por parte de su madre.

«Nos ha pillado a todos por sorpresa», reconoce a ABC la concejala de Bienestar Social de Malagón, María del Carmen Fernández, que cuenta que la madre estaba acogida a los planes de empleo del ayuntamiento malagonero, trabajando en labores de limpieza sobre todo, para llevar algunos ingresos a casa aunque también pedía dinero en la puerta de los supermercados y de la iglesia. Sin embargo, desconoce a lo que se dedicaba la pareja de ésta y el padrastro de la niña de 12 años a la que vendió por unos 3.000 euros y al que los agentes del Instituto Armado detuvieron con 3.800 euros en uno de los bolsillos de su pantalón, un dinero que él aseguró haber ganado durante la campaña de la recogida de la aceituna, algo que luego se demostró ser falso.

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