Condenas y preocupación en Castilla-La Mancha por los ataques a su vino en la frontera con Francia

En esta ocasión, según se ha informado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, el vino derramado procedía de una bodega de Campo de Criptana (Ciudad Real), que transportaba unos 60.000 litros de vino blanco, como se puede observar en las imágenes divulgadas por varios medios franceses.

De hecho, desde esta semana, agricultores franceses convocados por el sindicato Coordinación Rural (CR) bloquean la entrada de camiones desde España en la autopista por el paso fronterizo de La Junquera (Girona), en el marco de la campaña de protestas que se extiende por todo el país. Unos hechos que desde Castilla-La Mancha, tanto el Gobierno autonómico como los productores y transportistas, condenan y ven con preocupación.

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Carlos David Bonilla, presidente de la Denominación de Origen La Mancha, la más grande de Castilla-La Mancha y España, así como a nivel mundial, considera que este tipo de acciones «no son normales» y ha hecho un llamamiento a detenerlos, mientras que el consejero cree que «ésta no es la forma de reivindicar».

Aun así, Martínez Lizán ha pedido tranquilidad al sector, apuntando que «el vino ha sido adquirido por un cliente francés, por lo que el producto ya le pertenecía desde la partida, cliente que será indemnizado, según el protocolo en estos casos, por el Gobierno francés y los seguros se harán cargo de la tramitación administrativa».

Reitera, no obstante, su preocupación, poniendo de manifiesto, al mismo tiempo, que en Castilla-La Mancha, «tanto el viticultor, como las bodegas y las cooperativas, se están haciendo las cosas bien». «Somos una isla en el marco nacional e internacional«, por lo que advierte a los manifestantes, que »todos tenemos el mismo dolor y las mismas dificultades a la hora de trabajar, no nos podemos pisar el callo«.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, apela a un protocolo conjunto entre los gobiernos de España y Francia ante lo que para él es ya «una costumbre», respecto al bloqueo de sindicatos de agricultores franceses para obstaculizar el tránsito de camiones en las principales rutas que conectan España con el resto de Europa.

«A la postre lo que son, son delitos», ha manifestado el presidente regional, preguntado por los medios antes de intervenir en Bruselas en el Comité de las Regiones para solicitar las reivindicaciones de Castilla-La Mancha como una de las comunidades afectadas por la DANA.

«Creo que debiera haber ya un procedimiento y un protocolo claro entre el gobierno francés y el gobierno de España para evitar este tipo de incumplimientos y de delitos», afirma el presidente regional.

A su juicio, «incumplen la legislación de mercado», y además «lo terminan pagando con los productores españoles» y con Castilla-La Mancha, que realmente cumple «como los primeros, no solo con las normas y que además no les pagamos con la misma moneda», ha afirmado el presidente regional.

«Si hubiera sido un caso excepcional. Pero es que ya son muchos años los que vamos viendo cómo se produce ya un hábito que realmente tiene que contar con una actuación contundente clara del Gobierno francés en su correspondiente competencia y también, lógicamente, por la determinación del Gobierno de España», ha remarcado.

Del mismo modo, Asaja (Asociación de Jóvenes Agricultores) Castilla-La Mancha insta al Gobierno de España a que actúe de forma inmediata y contundente, exigiendo el cumplimiento del Reglamento 2679/98, después de que agricultores franceses han bloqueado la entrada de camiones desde España.

Según ese reglamento europeo, «los Estados miembros están obligados a adoptar medidas inmediatas para evitar la prolongación o agravamiento de perturbaciones, como las ocasionadas por las protestas francesas, así como a indemnizar a los afectados», recuerda el presidente regional de Asaja, José María Fresneda, que exige a las administraciones competentes que «actúen con firmeza para exigir responsabilidades al Gobierno francés y sancionar a los responsables de estos ataques». También demanda «la reparación urgente de los daños causados y el cese definitivo de estas prácticas, que vulneran los acuerdos europeos y perjudican gravemente al sector agroalimentario español».

Por su parte, el presidente de la Federación de Transporte de Castilla-La Mancha, Carlos Marín, ha pedido al Gobierno de España «contundencia» con el Ejecutivo francés ante los «ataques injustos» que los transportistas españoles están sufriendo en la frontera con Francia por parte de los agricultores del país galo.

«Echamos de menos la contundencia del Gobierno español en este asunto, pues consideramos que este tipo de acciones no pueden volver a quedar impunes», ha lamentado Marín, que ha mostrado su indignación, al tiempo que ha pedido «dar un puñetazo en la mesa» a las administraciones para decir «basta ya».