Los otros casos que Sánchez calla para dar pábulo al 'lawfare'

Lo que no menciona el presidente es que él mismo justificó la moción de censura que le aupó al poder en 2018 con una apostilla que el juez progresista José Ricardo de Prada acababa de calzar en una sentencia del caso Gürtel. De Prada fue el artífice del párrafo en el que se daba por probada una caja B en el PP cuando ni siquiera se habían juzgado esos hechos. Dos años después, el Tribunal Supremo confirmó la condena a Génova por beneficiarse de esa trama «a título lucrativo», pero aclarando que esas frases contra el principal partido de la oposición eran arbitrarias e innecesarias porque «no puede afirmarse que el PP fuera autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular», como esgrimió Sánchez para hacerse con La Moncloa.

Tampoco compara el líder socialista el 'lawfare' con otro magistrado progresista como Baltasar Garzón, apartado de la carrera judicial en 2012 porque el Supremo le inhabilitó por unanimidad de siete magistrados distintos por prevaricar al ordenar escuchas ilegales a los cabecillas de la Gürtel mientras preparaban su defensa con sus abogados. Una práctica que, según el Alto Tribunal, queda «a la altura de regímenes totalitarios». Y de nuevo con un caso que perjudicaba al PP. Garzón es ahora un firme defensor de la amnistía pactada por Sánchez con los secesionistas e incluso ha suscrito un manifiesto a favor de ella y contra los «ataques al funcionamiento de las instituciones».

En el propio Gobierno de Sánchez se han dado episodios que, sin que puedan encajar en rigor como 'lawfare', están mucho más cerca que los ejemplos que propala el presidente. Él fue quien nombró a Dolores Delgado fiscal general. Su número dos y después sustituto, Álvaro García Ortiz, «sugirió» hasta tres veces a un subordinado que estirara la investigación interna contra el fiscal Ignacio Stampa, lo que provocó que éste llegara con ese baldón cuando tocaba renovar su plaza en Anticorrupción a finales de 2020. El expediente se cerró sin ninguna sanción, pero Stampa perdió su plaza y terminó en una muy inferior. Esa investigación se le encargó a Carlos Ruiz de Alegría, de la Unión Progresista de Fiscales, y él mismo explicó a ABC que «nunca antes» había visto algo parecido para «retorcer la instrucción en una determinada dirección» con «la intención última de dilatarla» de forma «sibilina y torticera».

Otro caso al que podría agarrarse Sánchez en su cruzada sobrevenida contra el 'lawfare' es el de Francisco Camps. El expresidente valenciano se ha enfrentado a una decena de juicios que le han mantenido imputado durante 15 años y ha sido absuelto en todas y cada una de las nueve causas contra él que ya se han resuelto. La última que tiene pendiente quedó vista para sentencia hace un par de meses en la Audiencia Nacional.

Cualquiera de estos ejemplos vienen más a cuento para ilustrar esa práctica que, según Sánchez, prolifera en la Justicia española, aunque los casos que cita para sostener tan grave afirmación, y más viniendo del presidente del Gobierno, son cuando menos incoherentes con la propia definición de 'lawfare'.

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Así, la semana pasada le plantearon en TVE si cree que en España existe 'lawfare' y respondió, contundente, que sí tras reformular él mismo la pregunta para culpar al PP y no directamente a la Justicia, que es a lo que se refiere ese término y lo que le habían preguntado. La entrevistadora le instó entonces a que pusiera ejemplos y el presidente se descolgó con uno que es justo lo contrario: la Kitchen, una trama de políticos del PP y mandos policiales a espaldas de los tribunales. De hecho, la Justicia ya ha procesado a la cúpula del Ministerio del Interior y a media docena de comisarios cuando ocurrieron los hechos.

Sánchez ha repetido la argucia esta semana en Antena 3 y la Ser, donde aseguró que el ejemplo más «paradigmático» de 'lawfare' es el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para arremeter de nuevo contra el PP. Ese bloqueo, que supera ya los cinco años, tampoco es atribuible a los jueces, toda vez que el CGPJ no es un tribunal y, por tanto, no puede investigar, acusar, juzgar ni condenar a nadie. En consecuencia, un órgano que no es jurisdiccional por pura lógica no puede cometer 'lawfare' ni aunque quisiera.

Pero es que además son los propios jueces los que reclaman esa renovación, como prueba el hecho de que varios de ellos, candidatos a vocales del CGPJ, han acudido al Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para exigir ese desbloqueo, en el que los jueces ya cumplieron en tiempo y forma con su única responsabilidad en este asunto, que es limitarse a proponer candidatos. Por tanto, son PSOE y PP los responsables de que el órgano de gobierno de los jueces lleve más de un lustro sin renovarse.

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Aunque le sobran ejemplos más válidos, Sánchez prefiere estos dos porque, a diferencia de los anteriores, el CGPJ y la Kitchen sí le permiten la doble jugada de atacar al PP y contentar a sus socios secesionistas, aunque sea a costa de arrojar sospechas sobre la Justicia española.

Los ejemplos que cita Sánchez para defender la existencia de 'lawfare' en España son tan peregrinos que ni siquiera se pone de acuerdo con sus compañeros de partido y de Gobierno. Para el presidente, el caso más «paradigmático» es el bloqueo del CGPJ por parte del PP, como ha defendido esta misma semana en varias entrevistas. Por contra, para su ministro de Transportes, el también socialista Óscar Puente, el ejemplo «más claro» es el de Victoria Rosell, según repitió nada más ser nombrado. Esta magistrada progresista fue víctima de las maniobras ilegales de otro juez, Santiago Alba, para perjudicarla política y profesionalmente cuando la sustituyó en su juzgado de Las Palmas tras dar ella el salto a la política nacional en 2016 de la mano de Podemos.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenó a Alba a seis años de cárcel, que empezó a cumplir en octubre de 2022, y el CGPJ le expulsó de la carrera judicial. Comparado con los ejemplos incoherentes y tergiversados de Sánchez, parece que su ministro Puente los elige mejor, porque en este caso sí se demostró que había un juez abusando ilegalmente de su jurisdicción para perjudicar a otra persona por razones personales y políticas. Pero ese ejemplo no le interesa tanto a Sánchez, cuya nueva ministra de Igualdad acaba de cesar a la propia Rosell como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. El presidente prefiere insistir en la Kitchen y el CGPJ, aunque no tengan nada que ver con el 'lawfare', porque eso sí le permite atacar al PP.

Con todo, incluso el caso de Rosell es otro ejemplo de que la Justicia en España cuenta con resortes y garantías suficientes para terminar imponiéndose, por más que este Gobierno y sus socios se empeñen en desprestigiarla casi a diario.