Carpetazo al proyecto de la planta de biogás de Cubas de la Sagra

«La autorización está condicionada a que la Comunidad de Madrid hubiera recibido un informe urbanístico favorable del ayuntamiento correspondiente, que es el organismo competente encargado de validar la ubicación de la instalación. Con la documentación aportada no se ha podido acreditar el cumplimiento urbanístico por lo que se ha procedido a cerrar el expediente», detallan dichas fuentes, que insisten en que el Gobierno regional apoya estas iniciativas para el uso de energías renovables siempre que se adapten a la legislación vigente. «Aunque situaciones como esta no son habituales, es cierto que pueden darse en casos puntuales», añaden.

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En el informe elaborado con fecha del 25 de abril de 2024, compartido por el Ayuntamiento de Cubas de la Sagra en su web, los técnicos municipales detallan que el complejo de tratamiento de biorresiduos Bio 2 Methane, una «actividad industrial» que se iba a ubicar en suelo no urbanizable protegido, «se considera inviable en la parcela propuesta, debido a la distancia de 2.000 metros a cualquier construcción que se produzca la presencia habitual de personas, así como la separación mínima de 500 metros a linderos, distancias muy superiores a las planteadas en el proyecto». De hecho, los vecinos de Torrejón de la Calzada llevaban meses denunciando que la finca sugerida, aunque pertenece al término municipal de Cubas, estaba «a 160 metros de un colegio, a 300 metros de una vivienda y a unos 500 metros de una residencia de mayores» de su pueblo.

Acciona, impulsora de este complejo que contaba con un presupuesto de instalación de 34 millones de euros e iba a generar 20 puestos de trabajo durante la fase de explotación, afirma que este se planteó «con una compatibilidad urbanística positiva emitida por el Ayuntamiento de Cubas de la Sagra en mayo de 2023. Sin embargo, en mayo de 2024 el municipio emitió un nuevo informe de compatibilidad urbanística, esta vez negativo, que hace inviable el proyecto». Este diario se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Cubas de la Sagra para explicar este cambio de criterio, pero el consistorio aún no había respondido. En su web explican que «Acciona, en la solicitud presentada originalmente, elude a un equipamiento de uso colectivo público, sin embargo, en la solicitud del proyecto lo definen como una planta industrial de carácter privado».

En la alcaldía del vecino Torrejón de la Calzada la noticia del fin del proyecto de biogás de Cubas se ha recibido con optimismo: «Ha sido un poco extraño ver cómo se han ido desarrollando los acontecimientos. Nos enteramos hace seis meses de que llevaban más de un año trabajando en ese proyecto con informes sobre la mesa. Creo que las cosas hablan por sí solas. Nos habríamos ahorrado mucho tiempo y esfuerzo y horas de preocupación atendiendo estos documentos en tiempo», apunta David Blázquez, alcalde de Torrejón de la Calzada, orgulloso de sus paisanos, que se han organizado en un movimiento sin precedentes en este municipio de 10.000 habitantes, que lleva meses empapelado con carteles que rezan: 'NO a la planta de biogás'. «Estaba en juego nuestra calidad de vida, éramos los más afectados. Más allá de los colores políticos, todos hemos remado a favor para que mandase el sentido común y todo acabara con este final feliz», argumenta.

Eduardo Adán, presidente de la Asociación vecinal Luchando por Torrejón de la Calzada, que ha organizado innumerables marchas, concentraciones y propuestas en los dos municipios involucrados, considera que la presión vecinal ha jugado un papel fundamental en esta pequeña victoria. También les apoyaron los consistorios cercanos de Parla, Griñón, Casarrubuelos y Torrejón de Velasco. «El Ayuntamiento de Cubas, con ese primer informe favorable, da comienzo a un proyecto que llevaron oculto. Tras la presión y movilización ciudadana empezaron a darse cuenta de que la planta de biogás era una patata caliente que les estaba quemando las manos», admite.

Por cautela, añade Adán, aún no van a bajar los brazos: «Queremos pedir una normativa nacional para que ninguna planta de este tipo pueda situarse tan cerca de viviendas. Ninguna macroindustria puede estar a menos de dos kilómetros de una granja de cerdos y sí a 160 metros de un colegio. Hay que legislar para que esto no vuelva a pasar».