El PSOE quiere frenar la designación de senadores con procesos judiciales abiertos

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una propuesta de reforma del Reglamento del Parlamento de Canarias para impedir la designación de los senadores y senadoras autonómicos con procedimientos judiciales abiertos y evitar su aforamiento.

Esta petición se produce tras el 23J, a raíz de que el Grupo Nacionalista Canario (CC) haya apoyado la designación de Pedro San Ginés, el cual tiene causas judiciales pendientes por la presunta comisión de hasta seis delitos y de javier Armas (AHI) por El Hierro, investigado por el caso Vertederos.

En concreto, el Grupo Socialista ha propuesto la modificación del Artículo 205 del Reglamento del Parlamento de Canarias mediante la adición de un nuevo apartado 4, en el que se establezca que no podrán ser designados senadores o senadoras autonómicos por el Pleno de la Cámara aquellas personas contra las que ya se haya dirigido una acusación formal por el Ministerio Fiscal en un procedimiento penal por un delito de naturaleza pública.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha denunciado la utilización de esta figura «de forma reiterada» por parte de Coalición Canaria (CC), en especial desde 2018 cuando se suprimió en el Estatuto de Autonomía los llamados aforamientos tanto de diputados y diputadas del Parlamento de Canarias (artículo 40), como de las personas integrantes del Gobierno de Canarias (artículo 51), Ha sucedido con la designación como senadores autonómicos a representantes procesados judicialmente, como Miguel Zerolo, Fernando Clavijo y Pedro San Ginés, este último en esta XI Legislatura.

Franquis ha apuntado que los socialistas tienen como objetivo «impedir» que la designación de los senadores y senadoras autonómicos «sea utilizada» por determinados partidos políticos para el aforamiento judicial a personas de su formación con procedimientos judiciales abiertos, y que sólo puedan ser procesados ante el Tribunal Supremo, como establece el Artículo 73.1 de la Constitución Española, que encomienda las causas en las que están afectados los diputados senadores a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Sebastián Franquis recalcó que Canarias es la única comunidad autónoma que ha eliminado el aforamiento en este sentido, y que su propuesta está acorde con esa ejemplaridad: «Ante la ley no caben privilegios, y la designación de senadores y senadoras autonómicas con procedimientos judiciales abiertos se contradice con los principios de igualdad, es una figura que fomenta la desigualdad ciudadana y apoya la descreencia en los cargos públicos«.