CASO KOLDO
PP, CC y Vox hacen frente común y piden depurar responsabilidades del 'caso Torres'
Con el cambio de denominación del 'caso Koldo' buscan investigar al ministro y expresidente canario
CC respalda al PP en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Parlamento canario
Ángel Víctor Torres y José Luis Ábalos en una reunión en Madrid en 2019
Los grupos parlamentarios de Coalición Canaria (Nacionalista) y del Partido Popular han registrado este miércoles en el Parlamento de Canarias una solicitud para crear una comisión de investigación sobre lo que han dado en llamar el «caso Torres» para esclarecer la compra de mascarillas y material sanitario en el archipiélago durante la pasada Legislatura.
El diputado nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez y la portavoz popular, Luz Reverón, han mostrado su deseo de que la propuesta salga adelante por unanimidad de todos los grupos tras el rechazo de la misma iniciativa hace poco más de un año.
Por su parte, el grupo parlamentario Vox en Canarias ya ha presentado un escrito de adhesión a esta Comisión de Investigación, con el objetivo de «depurar las responsabilidades políticas» inherentes a la gestión de la contratación del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias del material sanitario para hacer frente a los efectos de la covid-19, ha señalado la formación.
En principio, la comisión va a abordar el primer 'caso mascarillas', que implicó el pago de cuatro millones de euros por adelantado a una empresa por un millón de mascarillas que no se recibieron, el llamado 'caso Koldo', con contratos por importe de 12,5 millones para la empresa vinculada al exasesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Ayer martes, la Fiscalía de Las Palmas informaba de que se ha querellado contra cuatro empresarios por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación con la venta de material sanitario durante la pandemia por un importe de 22,8 millones de euros. De acuerdo a los datos, los empresarios investigados se habrían quedado presuntamente con entre 9 y 10 millones del total, en una investigación que comenzó tras una denuncia de la Dependencia Regional de Inspección de Canarias de la AEAT.
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