caso koldo
El PP lleva al Parlamento canario el 'Caso Koldo', y pone la lupa en el Servicio Canario de Salud
Se investigan contratos del SCS con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL vinculada al exasesor de José Luis Ábalos, por 12,5 millones
La Audiencia canaria ya avisó de la falta de solvencia de una empresa vinculada a Koldo García
![El exministro José Luis Ábalos con el hoy ministro y expresidente canaario Ángel Víctor Torres, en marzo de 2021, aún con medidas antipandemia vigentes](https://s1.abcstatics.com/abc/www/multimedia/espana/2024/02/26/GOBCAN-R4lamSGZLnsqRmjxYtQWVGM-1200x840@diario_abc.png)
El Partido Popular de Canarias registrará este miércoles en el Parlamento de Canarias una solicitud de comisión de investigación del 'caso Koldo'para esclarecer la firma de contratos del Servicio Canario de Salud con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL vinculada al exasesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por importe de unos 12,5 millones de euros.
En principio, se espera que Coalición Canaria (CC), socio de gobierno de los populares en el archipiélago, se adhiera a la propuesta una vez conozca todos los detalles de la iniciativa.
Ambas formaciones ya intentaron en la pasada Legislatura abrir una comisión de investigación sobre el 'caso mascarillas' que investiga la Fiscalía Europea por el pago por adelantado de cuatro millones de euros por un millón de mascarillas que no fueron recibidas. Esta iniciativa no tuvo éxito, ya que no llegó ni a debatirse ante el Pleno de la Cámara,
La Audiencia de Cuentas de Canarias ya alertó en 2022 en un proyecto de informe que no fue aprobado por la mayoría del Pleno de la falta de solvencia técnica de la compañía en dos contratos valorados en 9,7 millones para la compra de diversos lotes de mascarillas protectoras.
El Gobierno de Canarias, presidido por el hoy ministro Ángel Víctor Torres en el momento de esta firma de contratos, ha encargado una investigación interna a la consejería de Sanidad para localizar todos los contratos y expedientes vinculados a la supuesta trama corrupta de cobro de 'mordidas' y ponerlos a disposición de los servicios jurídicos, que posteriormente evaluarán si la comunidad autónoma se persona en el caso como acusación particular como perjudicada.
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