Orden de cierre de una residencia de mayores en Canarias por no reunir «condiciones mínimas de habitabilidad»

El Gobierno canario se ha personado este 24 de mayo para ejecutar el cierre definitivo de la residencia de personas mayores 'Monte Blanco', ubicada en Tafira Alta, en Las Palmas de Gran Canaria, después de detectar que no cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad.

Se da así cumplimiento a la resolución de cese de actividad de 19 de abril de 2023, confirmada por vía judicial en septiembre de 2023, y en vía administrativa, con orden de cierre definitivo, en mayo de 2024. La instalación «no cumple con las exigencias mínimas« contempladas en la legislación de servicios sociales de las islas y tiene »múltiples deficiencias detectadas« relativas al incumplimiento de las condiciones de seguridad del establecimiento, en virtud de lo que se ha ordenado el cese definitivo de la actividad.

El expediente de este centro comenzó en junio de 2017 cuando el servicio de inspección realizó una visita y detectó un conjunto de deficiencias que en «todo este tiempo no han sido atendidas por los gestores de la instalación, entre ellas, no contar con itinerario accesible que comunique con la vía pública, insuficiente ancho de pasillos y de puertas y condiciones de accesibilidad aseos, a lo que hay que sumar que el inmueble no reúne condiciones mínimas« de habitabilidad.

Asimismo el centro no tenía los aseos necesarios, tenía solo «dos para los 16 usuarios», por lo que «incumplía la ratio mínima de un aseo cada cuatro usuarios, no tenía estancias básicas« preceptivas de residencias para mayores dependientes y »no disponía del personal debidamente cualificado« para la atención de las personas usuarias ni de recursos como sala polivalente, sala de rehabilitación, enfermería y aseos comunes diferenciado por sexo.

En dicha visita también se dejó constancia de que la instalación no contaba con la licencia municipal de apertura o acto comunicado equivalente y carecía de cédula de habitabilidad, de tratarse de una vivienda.

Por todo ello se le requirió a los responsables de la entidad que subsanasen las deficiencias detectadas pero «sin que hasta la fecha lo hayan realizado», por lo que se inició el expediente de cierre por parte del Servicio de Inspección y Registro de Centros de la Consejería de Bienestar Social que, tras una nueva visita a la instalación en 2022, levanta una nueva acta en la que se recogían los «numerosos incumplimientos detectados».

En concreto, que carecía de los facultativos para prestar servicios obligatorios, tales como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga o/y trabajadora social, pese a que la mayor parte de los usuarios necesitan ayuda para el desarrollo de las acciones cotidianas y que gran parte presenta dependencia severa.

Además de constatar que el inmueble «no reúne las condiciones de seguridad exigibles» a este tipo de establecimientos y que carece de sistema de detección de incendios, los baños «no cuentan con pulsadores de llamada de emergencia y la vivienda no está adaptada» para personas con movilidad reducida, siendo esta una exigencia requerida a los hogares funcionales.