Indignación con el informe del Defensor del Pueblo:«Primero las administraciones, detrás los afectados del volcán»

El presidente de la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados por el Volcán de La Palma, Óscar Martín, ha denunciado el informe del Defensor del Pueblo, que considera «adecuadas» las medidas de reparación adoptadas tras la erupción del volcán de La Palma. El colectivo lamenta la «ignominia, desamparo y falta de empatía y de ética« demostrada por el Defensor del Pueblo, los ayuntamientos, el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España.

A juicio del referido colectivo, Gabilondo «ha validado una forma de responder a las emergencias que pone en un nivel superior a las administraciones y el gasto de recursos y presupuestos frente a las necesidades reales, vitales y de sentido común de los afectados». A juicio de Martín, representante de la Iniciativa, se ha elaborado «un informe cocinado con los datos de ellos, que juzga lo que ellos han hecho« y que por tanto, »no podía acabar de otra manera dada la falta de ética y tacto demostrada».

La Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados por el Volcán de La Palma ha mostrado su indignación por el «solemne pero oficial carpetazo a las demandas de la ciudadanía afectada por la peor crisis volcánica de Canarias desde hace 500 años«.

Como ha opinado, las administraciones «se protegieron y se ampararon entre sí mientras el pueblo sufría y sufre hoy de la peor catástrofe natural de España en magnitud, extensión y en vidas afectadas«, y todo ello »sin una sola crítica o reconocimiento a que se podría haber hecho mejor«.

Sobre el reconocimiento de «comprensible que las personas afectadas puedan considerar las medias adoptadas lentas e insuficientes«, para Martín es una muestra de »un informe que dice una cosa y lo contrario«. Para el presidente de la Iniciativa »no es posible bendecir y dar por buenas la gestiones, coordinación, inversión y celeridad de las tres administraciones y al mismo tiempo reclamarles que se incrementen sus esfuerzos para resolver las solicitudes pendientes relativas a ayudas por la pérdida de la vivienda habitual», y «recomendar al Ministerio de la Presidencia, que se estudie la conveniencia y oportunidad de la adopción de un marco legal específico para las emergencias y catástrofes, vulcanológicas u de otro origen, de gran magnitud y capacidad destructiva, que transforman la configuración del territorio de manera permanente«.

Para Óscar Martín y los afectados asociados en esta entidad, el término «Defensor del Pueblo» es un «eufemismo» ya que «en su documento de 27 páginas (con párrafos repetidos)» tiene «más en cuenta la defensa de las organizaciones que gestiona su partido, que en defender las licitas demandas de los que se presupone representa: el pueblo afectado por el volcán«.

Tras quince meses de reivindicaciones, manifestaciones y escritos a las diferentes administraciones reclamando las actas del Pevolca, o los criterios de reparto de las donaciones, así como otra «mucha información pública que nos afecta a los afectados… nada hizo por conocer o dar contexto a nuestra realidad». Este es el caso, entre otros ejemplos, de «la ocupación ilegal de terrenos, casas y propiedades por parte del Cabildo a la hora de construir la carretera, de la falta de transparencia de las administraciones, de la ocultación de informes o sobre cómo vamos a vivir los que tenemos nuestros negocios y casas en los barrios de Puerto Naos o La Bombilla«, cuestiones sobre »las que no se manifiesta en absoluto«, señala.

Para el Defensor del Pueblo, es «todo correcto y no hay nada que objetar. porque «qué más da que lo ejecutado, invertido y gastado que no esté vinculado a las necesidades vitales de los afectados, o que no exista seguridad jurídica para recuperar lo perdido, o que se expropie nuestras propiedades sin ninguna base jurídica lo cual es un flagrante delito«, se pregunta.

Para Martín el Defensor del Pueblo debe ser «un servidor público que debe velar por que las administraciones cumplan con las leyes y las regulaciones». Hoy por hoy, sin un marco normativo para catástrofes de esta magnitud «no se están solucionando en absoluto las necesidades vitales de los afectados«.