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CASO KOLDO

La Fiscalía Europea abre investigación por los contratos en Canarias del 'caso Koldo'

El ministro Torres sobre la investigación al exasesor de Ábalos: «La Justicia debe trabajar y llegar a las últimas consecuencias»

Santos Cerdán y los ministros Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres, este miércoles en el Congreso JAIME GARCÍA

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre los contratos firmados por el Servicio Canario de Salud con la presunta trama en la que habría participado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, para el suministro de mascarillas.

En concreto, se trata de cuatro contratos firmados por Canarias y uno por Baleares con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, por importe conjunto de 16.019.079 euros, de acuerdo a los datos que recoge la querella del Ministerio Público español.

En el caso de Canarias, el primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2; y el cuarto se suscribió por 5 millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95.

Se abren así las diligencias tras recibir «una denuncia de un particular» y llevar a cabo «diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados« y tras recopilar información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, quienes investigan en España a siete miembros del presunto 'caso Koldo' de comisiones y mordidas en contratos de mascarillas con la Administración. Según ha precisado, también ha recopilado datos de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la Unión Europea.

«En base a la información recabada, se tomó la decisión de iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea«, ha señalado.

En el marco del comunicado, el organismo comunitario no ha precisado si ya figuran personas o empresas imputadas por dichos delitos o si de momento solo investiga hechos.

La Fiscalía Anticorrupción española remitió documentación a la Fiscalía Europea el 8 de junio de 2023 a través de un decreto «al afectar a fondos de la Unión Europea», varios de ellos suscritos con las comunidades autónomas entonces presididas por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.

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