90 familias se quedan en la calle tras el desahucio de un edificio en Arona

No hay solución de emergencia ni alojamiento temporal para las 210 personas desalojadas en un edificio inacabado en Costa del Silencio, Arona, al sur de Tenerife, que han quedado en la calle al hacerse efectivo el desahucio previsto de las 44 viviendas de un edificio a medio construir.

De acuerdo a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, no ha sido posible parar el lanzamiento porque el edificio tiene riesgo de colapso, a la vez que encontrar recursos de emergencia habitacional es complejo en una isla saturada.

El concejal de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Nauzet Fariña, ha denunciado la falta de respuestas a los desalojados, entre los que figuran mayores, niños, mujeres embarazadas y refugiados y migrantes de diversas nacionalidades, que han asegurado que dormirán frente al edificio por no tener a dónde ir. «Tenían conocimiento desde hacía meses y cuentan con los recursos económicos para poner en marcha alguna medida extraordinaria», cuestionó Fariña..

Para el edil se trata de un «caos social» que se vive en el municipio de Arona, donde no se ha buscado una solución de emergencia a las «y que se han quedado en la calle». Para NC es una «falta de compromiso, desde el primer momento, del grupo de gobierno del Ayuntamiento«, que cuenta con una partida de más de un millón de euros para ayudas de emergencia.

En esa línea, se defendió la «dignidad» de las personas afectadas, pero también la imagen de Arona pues «de nada vale promocionar en ferias de turismo por todo el mundo al municipio si luego quienes nos visitan ven que dejamos a las personas tiradas en la calle».

La alcaldesa, Fátima Lemes, con su grupo de gobierno municipal, según NC-BC, actúa de forma «totalmente ajena» a la realidad con una «apuesta por un insostenible modelo desarrollista se han convertido en la tónica general».

A su juicio, «no se habría llegado a esta situación si hubieran puesto el mismo interés en resolver este problema que en sacar adelante el plan urbanístico del El Mojón que, de las 9.000 nuevas camas previstas, no contempla ninguna vivienda pública».

Fariña destacó que han puesto sobre la mesa, en repetidas ocasiones, la necesidad de que, tanto la alcaldesa como su grupo de gobierno, exijan al Cabildo de Tenerife una «verdadera» implicación en la búsqueda de soluciones para el municipio, así como para el sur de la isla, «donde el acceso a la vivienda es un problema insosteniblemente tensionado, sin que hasta el momento se encuentre una respuesta decidida».