Comienza el desalojo de las 100 familias que vivían como okupas en Playa Blanca (Lanzarote)

Las 100 familias que se encontraban residiendo como okupas en una urbanización de Playa Blanca, Lanzarote, han comenzado a abandonar lo que durante años fueron sus casas, en una urbanización con apartamentos que quedaron a medio construir.

La Guardia Civil y de la Policía Local de Yaiza se han personado en la zona para comprobar el cumplimiento del mandato judicial, que les notificó el desalojo de las viviendas okupadas. Se trata de 34 viviendas abandonadas en la localidad turística de Playa Blanca sobre las que ya había una notificación de desalojo desde el 27 de octubre de 2023. El 31 de ese mes, las familias presentaron en el juzgado una solicitud de prórroga, que el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife alargó hasta ayer martes día 16 de enero.

Se trata de una causa de gran complejidad ya que las personas afectadas han declarado en su mayoría una situación de necesidad.

Son 99 personas, de las que 75 son adultas y 24 menores de edad. Por su parte, Servicios Sociales de Yaiza han alertado de que hay al menos 5 mujeres embarazadas entre las personas afectadas, además de mayores, pacientes oncológicos, y personas con discapacidad. Al menos 68 están en situación administrativa irregular, señala el Ayuntamiento. Como hecho «casi que común», los ocupantes de las viviendas carecen de estabilidad laboral debido principalmente a que están pendientes de culminar la tramitación de su residencia legal en España.

Uno de los problemas de fondo de esta causa es la dificultad de encontrar vivienda en Lanzarote, además de los altos precios del alquiler, lo que ha llevado a que algunas de las familias, aún con personas con trabajo, no puedan permitirse una vivienda en la isla.

El Ayuntamiento de Yaiza ha informado que en el marco de sus competencias y atendiendo «la petición de la Justicia y el deber de colaboración entre administraciones públicas», emitió un completo informe elaborado por Servicios Sociales sobre la situación de las personas habitantes, okupadas sin autorización de sus legítimos propietarios y que están localizadas en la calle Malvasía de Playa Blanca.

Tras contactos con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, el gobierno municipal de Yaiza, en cabeza del alcalde, Óscar Noda, y la concejala de Servicios Sociales, Karina Centeno, propuso alternativas para la reubicación de las familias más vulnerables, entre esas alternativas, las casas conocidas como las de Medio Ambiente de Yaiza, la residencia de la Escuela de Pesca situada en Arrecife, el albergue de La Santa y el albergue del Aula de la Naturaleza de Máguez, siendo este último inmueble el consensuado con el consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, para una solución habitacional temporal a 22 personas a partir de este mismo martes. El Ayuntamiento se comprometió a ofrecer el servicio de transporte para el traslado de las personas afectadas a Máguez y también el transporte diario de los menores escolarizados en el municipio de Yaiza para garantizar la continuidad de sus clases.

El Ayuntamiento también emitió un informe técnico exponiendo que los inmuebles no reunían las condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad de utilización, pero en ningún caso en riesgo de ruina o derrumbe como se ha publicado en medios de comunicación.

Las competencias en materia de Vivienda son de la Comunidad Autónoma de Canarias, así lo recoge la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias en su artículo 7. «Este hecho es indiscutible, así que el Ayuntamiento, por falta de competencias, tiene escaso margen de actuación en un asunto tan sensible como de difícil solución por la escasez de vivienda de alquiler y sus precios desorbitados en Lanzarote«. Ha catalogado estos como »factores determinantes que lastran la búsqueda de soluciones habitacionales inmediatas para las personas afectadas«, y según ha apuntado el Consistorio, »indagó entre grandes propietarios de viviendas para abordar el alquiler de inmuebles por la vía de emergencia y no fue posible«, porque incluso hay personas desalojadas que aseguraron estar en capacidad de pagar un alquiler.

El Ayuntamiento solicitó desde octubre al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y y al Cabildo de Lanzarote reubicar a las familias de forma provisional mientras dispusieran de otra alternativa de techo, pero dentro del programa Pro-hogar no había alternativa habitacional y el ICAVI alegó «la falta de informes sociales de vulnerabilidad, que por supuesto fueron enviados«, apunta el Ayuntamiento. El Cabildo por su parte expuso en noviembre que valoraría el modo de intervenir, como podría ser el pago de alquileres, pero advirtiendo la dificultad porque la mayoría de personas que han solicitado informe de vulnerabilidad se encuentran en situación administrativa irregular.

El gobierno de Yaiza ha recordado además que ya cedió una parcela de 42.000 metros cuadrados al Instituto Canario de la Vivienda para la construcción de viviendas sociales en Playa Blanca. El Ayuntamiento espera que el ICAVI saque a concurso la redacción del proyecto para ejecutar las primeras 126 viviendas destinadas al mercado de alquiler social. Aparte, el Ayuntamiento propuso al Gobierno de Canarias la compra de viviendas en una urbanización de Playa Blanca como medida rápida y efectiva para paliar un problema estructural de Canarias y el país acrecentado por la gran cantidad de inmuebles que forman parte del mercado vacacional.