Clavijo celebra el auto del TS, que confirma la «dejación de funciones» del Estado con los menores migrantes

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha celebrado el auto de medidas cautelares del Tribunal Supremo que obliga al Estado a hacerse cargo de un millar de menores migrantes solicitantes de asilo en un plazo «improrrogable» de 10 días.

Según las cifras aportadas por las ONG, puede haber en las islas algo más de 1.300 menores de Malí en situación de demanda de asilo, ya que cuando se presentó el recurso superaban el medio millar, pero es una cifra que no ha parado de aumentar desde entonces.

El fallo judicial confirma la «dejación de funciones« del Estado en lo que ha valorado como una «gran noticia» y una «alegría más» para Canarias y para los menores migrantes no acompañados que tutela la comunidad autónoma, que se suma a la aprobación del decreto-ley de distribución de menores.

Ha señalado que, si bien lo tendrá que confirmar, se entiende que los menores migrantes susceptibles de asilo y protección internacional no están dentro de los 4.000 que contempla el decreto para distribuirse entre las comunidades autónomas. Estos menores solicitantes de asilo, «al tener que estar en la red de acogida del Estado, competen al Estado y serán su competencia» mientras que «el real decreto ley es para los que están en las comunidades autónomas», por lo que si ya son responsabilidad del Estado «estarán fuera de ese reparto».

La aceptación de las medidas cautelares que Canarias «tuvo que presentar para proteger los derechos del menor, sobre todo para aquellos que son susceptibles de asilo o de protección internacional», ha dicho, «es una gran noticia para Canarias y para esos menores que durante mucho tiempo han visto día tras día vulnerado su derecho a tener una atención por parte del Estado, dada que su condición de asilo y protección internacional«.

El auto «viene a ratificar que lo que Canarias lleva demandando durante más de un año», subrayando que «teníamos razón». De esta forma, se ratifica que «efectivamente las legítimas aspiraciones y reacciones de Canarias estaban fundadas en derecho, eran justas, eran morales y eran necesarias para proteger al menor» y que «estaban lo suficientemente justificadas».

Estos menores que pasan a recursos del Estado, ha dicho, ya se decidirá «si están fuera o dentro de Canarias» pero «pasan al sistema de protección estatal, no de Canarias» que es quien ahora mismo asume en solitario la tutela. En esta línea, Canarias seguirá trabajando con total cooperación y «siempre atendiendo al interés superior del menor».

Si el Estado asume la tutela pero decide dejarlos en Canarias y por tanto financia su tutela, Canarias mirará por el menor. «Un niño de 11 o 12 años, ya escolarizado y arraigado con una familia canaria», ha citado a modo de ejemplo, aunque «el Estado tiene que asumir la competencia y la tutela »no vamos ahora a a sacar el chiquillo de aquí para generarle más dolor y más trauma«.

El Supremo lo ha visto, ha dicho, y lo ha decidido «de manera contundente».

En lo relativo a la presentación de recurso por Isabel Díaz Ayuso contra el real decreto de distribución de menores, que «son son dos cosas distintas», ha apuntado, ha adelantado que «nos vamos a personar porque estamos firmemente convencidos de la legalidad y la constitucionalidad de esta norma«.

Ha declarado que si bien considera que «está suficientemente garantizada la protección jurídica como para no tener miedo a esa circunstancia«, ya explicó que »si alguna comunidad autónoma consideraba que se lesionaban sus derechos que acudiese a los tribunales«, y »nosotros nos vamos a personar«.

Si al final Madrid formaliza ese recurso ante el Tribunal Constitucional, «estaremos allí para defender la legalidad y la constitucionalidad de una norma que, como dije siempre, surgió de nuestros servicios jurídicos» a los que «una vez más les felicito».