Bruselas advierte que la rebaja de la malversación puede ser ilegal

El comisario Reynders intervino para enumerar todas las recomendaciones ya conocidas en el informe sobre el estado de Derecho que publicó el año pasado y las que expresó en su última visita a España este otoño. Sin embargo, respecto a la reforma del Código Penal reconoció que la Comisión «está verificando si esas disposiciones están de acuerdo con la legislación europea» y teniendo en cuenta la cantidad de dinero que la propia Comisión ha atribuido a España como fondos de recuperación. Por ello, el interés de la Comisión se centra «concretamente en lo que se refiere a la protección de los intereses financieros de la UE», es decir, la garantía de que se hace buen uso de los fondos europeos que recibe España. Esta asunto se ha suscitado precisamente en una legislatura en la que el propio ejecutivo comunitario se prepara para lanzar una propuesta que propondrá específicamente aumentar los castigos para los funcionarios que hagan mal uso del dinero público.

Sin embargo, por lo que respecta a la rebaja del delito de sedición, Reynders explicó que se trata de una competencia exclusiva de los gobiernos nacionales, por lo que «pueden cambiarlo como quieran siempre que se respeten sus obligaciones constitucionales».

El Comisario de Justicia volvió a repetir que considera esencial la renovación del CGPJ y que esta debe ser seguida «inmediatamente» por la reforma de las reglas de la elección de sus miembros de modo que se evite la percepción de que la justicia «es vulnerable a la politización». En este sentido, desde la Comisión «seguimos pidiendo que tomen las medidas pertinentes para que se apliquen nuestras recomendaciones» en la reforma porque en el caso de España «el parlamento tiene demasiada discreción para decidir» la composición del órgano de Gobierno de los jueces. «Las normas europeas aconsejan a las autoridades políticas que no deben estar implicados en el proceso de elección de los miembros del CGPJ» dijo el Comisario.

Fueron varias las alusiones del responsable comunitario a la necesidad de que antes de que publique su nuevo informe anual sobre el respeto a las reglas en cada país, el Gobierno español debería haber cumplido con las recomendaciones del que publicó el año pasado. E insistió también en la fecha, porque coincidirá con el inicio de presidencia española en el segundo semestre de este año, lo que sería una situación muy peliaguda para el Gobierno que pretende precisamente aprovechar esta situación para reforzar su imagen. Por el momento, la Comisión advierte que «Vamos a hacer un seguimiento muy de cerca sobre la situación del Estado de derecho en España y tendremos que evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones del informe del año 2022, entre ellas la renovación urgente del CGPJ».

De hecho, al Gobierno de Pedro Sánchez solo le defendieron los socialistas y la izquierda unitaria, apelando sobre todo a la necesidad de que los populares apoyasen a España en esta situación y apenas entraron en cuestiones de fondo sobre el tema del respeto a las reglas europeas en el funcionamiento del sistema judicial español sino que acusaron al PP de mantener bloqueada la situación del CGPJ. Sira Rego, de IU, llegó a referirse al PP como «partido sedicioso» y ninguno de los que hablaron en defensa de Pedro Sánchez aceptó siquiera que la reforma del proceso de elección de los miembros del CGPJ es una reclamación de la Comisión, a pesar de que Reynders en persona lo acababa de reiterar.

Sin embargo, en este caso a los socialistas no les apoyaron los intervinientes de ERC, Diana Riba, o del PNV, Izaskun Bilbao, que celebraron por sus propias razones que la justicia española «se ponga bajo el escrutinio de la UE».

Por el contrario, casi todos los eurodiputados no españoles (Polacos, húngaros sobre todo, pero también portugueses, búlgaros o austriacos) que intervinieron consideraron inaudito que se haya nombrado a alguien que ha sido miembro del actual Gobierno o parte del equipo del actual primer ministro, como magistrados del Tribunal Constitucional. Varios intervinientes subrayaron que si una cosa así hubiera sido perpetrada por un gobierno conservador, el grupo socialista estaría poniendo el grito en el cielo.

Naturalmente, todos los intervinientes en nombre del PPE, del grupo liberal (Renew), es decir, Ciudadanos y Vox, expusieron claramente la situación de deterioro del estado de Derecho en España, de un modo que el comisario no podía ignorarla en ningún caso. Dolors Montserrat dijo que aunque «no se puede identificar al conjunto del país con su actual gobierno» denunció que el ejecutivo «ha suprimido el delito de sedición, el delito que protege al Estado ante los golpes contra nuestro sistema democrático, ha abaratado también las penas por la malversación, el delito contra la corrupción, ha impulsado una ley, que lejos de proteger a las mujeres, está provocando una cascada de rebajas de penas y excarcelaciones a los agresores sexuales -a día de hoy 190 condenados se han beneficiado- y como les parecía poco, han acabado colocando a un ministro y a un alto cargo del actual gobierno en el Tribunal Constitucional». Jordi Cañas, de Ciudadanos, utilizó la analogía para situar la discusión diciendo que «si les hablo de un presidente que quiere cambiar mayorías para nombrar al CGPJ ilegalmente, que indulta a políticos condenados por sedición y malversación y que reforma el Código Penal a la medida de estos para que no tengan el coste de la inhabilitación. ¿De quién hablo, de Orban? No, estoy hablando de Pedro Sánchez». Javier Zarzalejos insistió en que «España no tiene un problema con el Estado de derecho, sino que el Estado de derecho tiene un problema con el actual gobierno de España».

El debate, incluido en el pleno en el parágrafo de «cuestiones de actualidad» que proporciona un tiempo para debatir sobre cualquier asunto sobrevenido y que en esta ocasión correspondía al PPE, no tiene consecuencias directas ni constituye el inicio de ningún proceso sancionador ni pone en duda la llegada de los fondos europeos. Pero ha hecho que este tema entre en los pasillos del Parlamento Europeo, que otros grupos de otros países empiecen a mirar a la espinosa situación institucional en España con un poco más de interés. Este ha sido el primer debate formal y terminó con la impresión de que no será el último.