La UE dicta renovación «prioritaria» y reforma «inmediata» del CGPJ

Enrique Serbeto

Bruselas

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31/01/2024
Actualizado a las 20:46h.

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La primera reunión entre el Gobierno y el Partido Popular en la que ejercía un cierto papel de mediación el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, terminó ayer con el único acuerdo de volver a reunirse el próximo lunes 12 de febrero, también en Bruselas. De las declaraciones hechas a la salida por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y por el representante del Partido Popular, Esteban González Pons, se puede deducir que el asunto de la reforma de las reglas de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puede ser el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo. Bolaños dijo que la reunión había sido «cordial y constructiva», pero no quiso ni siquiera mencionar directa o indirectamente las reglas de elección a pesar de las preguntas que se le hicieron sobre ello, mientras que González Pons recordó que en esta negociación se aplicará el principio bien conocido en política europea según el cual nada está acordado hasta que todo esté acordado. O, lo que es lo mismo, que si el Gobierno no cede en esto, tampoco tendrá la designación de los nuevos miembros del CGPJ bajo las reglas actuales.

Desde este punto de vista se entiende perfectamente que González Pons hubiera dicho al salir que, a pesar de mostrarse satisfecho por el resultado de este primer encuentro, es «pesimista» respecto a un resultado final positivo. La causa de este pesimismo, según explicó, es la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «con quien siempre es muy difícil negociar», y la desconfianza que suscita su actitud imprevisible. Pero, al mismo tiempo, el diputado popular dijo que se habían cumplido sus expectativas respecto a lo que pretendían cuando presentaron esta iniciativa para involucrar a Reynders en la discusión con la idea de que una autoridad europea sea testigo de la posición de cada cual.

En todo caso, el comunicado del comisario vendría a confirmar claramente el punto de vista de Pons, porque insiste sin ningún tipo de duda en recordar que para la Comisión Europea de lo que se trata es de hacer que en España se apliquen sus recomendaciones específicas para mejorar el Estado de derecho y la independencia del Poder Judicial. Y, para ello, Reynders recordaba que ese objetivo sigue siendo textualmente «proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos relativos a los Consejos del Poder Judicial». Esos estándares presuponen que los propios miembros de la judicatura han de tener un papel más relevante en la elección de sus representantes.

Ese «inmediatamente después» tiene un significado bastante reconocible en las pretensiones del Partido Popular, pero no tanto en las del Gobierno, que hasta ahora no ha llegado siquiera a admitir que esté dispuesto a reflexionar sobre el cambio de las reglas de elección de los 20 vocales de este órgano. De hecho, Bolaños insistió en que «esta puede ser la oportunidad definitiva» de pactar la renovación de los miembros del CGPJ y que «por nosotros no va a quedar» y ofreció su «máxima disposición» para llegar un acuerdo y «recuperar la normalidad en el Poder Judicial», pero no mencionó nada más que los nombramientos con las reglas actuales.

Es verdad que González Pons no quiso aclarar tampoco si habían hablado expresamente de la reforma del método de elección del CGPJ, pero no negó que formaba parte del «paquete» que está sobre la mesa. «No es tanto lo que nos pide la Comisión como lo que nos pedimos unos a otros. Va a ser un diálogo amplio y que, si se resuelve favorablemente, se resolverán más cosas», añadió.

Reynders tiene su oficina repleta de cartas de ciudadanos e instituciones españolas pidiendo amparo ante las sucesivas decisiones del Gobierno de Sánchez que afectan a la independencia judicial, especialmente desde que se inició el trámite de la ley de amnistía, por lo que ya dispone de una idea cabal de la peliaguda situación en España. Sin embargo, la Comisión tiene también sus propios límites y está obligada a tratar con los Gobiernos de países miembros con toda transparencia y sin entrar en juicios políticos en campos en los que sus competencias son más simbólicas que efectivas.

Precisamente por eso, el objetivo de esta iniciativa del PP para traer a Bruselas la negociación era que el comisario en persona fuera testigo de la actitud del Gobierno de Sánchez, que en anteriores ocasiones ya ha hecho saltar en pedazos los principios de acuerdo a los que había llegado con el PP.

En este sentido, Bolaños ha negado que la ley de amnistía pueda influir en estas negociaciones patrocinadas por la Comisión Europea, mientras que González Pons cree al contrario que «estamos metidos dentro de un contexto en el cual la ley de amnistía está suponiendo una deslegitimación por parte del Gobierno del Poder Judicial. ¿Eso influye? Sí, eso influye en las conversaciones que vamos a mantener. Ya lo he dicho antes, somos pesimistas, pero también ambiciosos», señaló.