Bolaños recalca que si en las comisiones del 'lawfare' surge «algún hecho delictivo» se llevará a la Fiscalía
También ha afirmado que el informe del CGPJ en el que niega la idoneidad del fiscal general del Estado es «al margen de la ley»
García Ortiz, primer fiscal general que no cuenta con el aval del CGPJ
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recalcado este jueves en Bruselas que, si bien las comisiones del 'lawfare', impulsadas por Junts y el PNV en el Congreso de los Diputados, «no pueden afectar a una sentencia judicial», si en alguna de ellas «surgiera algún hecho delictivo, se dará traslado a la Fiscalía para inicie los procedimientos» judiciales oportunos.
Bolaños, ha comparecido ante los medios después de su reunión con el Comisario de Justicia, Didier Reynders, para trasladar que en la Unión Europea (UE) hay «cero preocupación» con la ley de amnistía. Aunque preguntado por un periodista acerca de si esta era su posición o la de la Comisión, Bolaños afirmó que era la suya propia. Informa Enrique Serbeto.
Pero al margen de esta ley, cuestión principal por la que el 'superministro' del Gobierno se ha trasladado a la capital belga, también se ha pronunciado sobre los distintos conflictos que mantiene el Ejecutivo de Sánchez con el Poder Judicial. Primero, preguntado sobre la suspensión de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, ha defendido su trayectoria como funcionaria, la que le permitiría tener un «conocimiento profundo» del mundo del Derecho.
«La respetamos, pero no la compartimos. No se puede abrir la puerta a que una entidad privada (en referencia a la asociación denunciante, Hay Derecho) pueda cuestionar cuestiones que son exclusivamente competencias del Gobierno de España», ha dicho sobre la sentencia del Tribunal Supremo, a lo que ha añadido que la estudiarán para tomar las acciones pertinentes.
Además, acerca del informe emitido por parte del Consejo General del Poder Judicial que, aunque, sin carácter vinculante, niega la idoneidad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Bolaños ha afirmado: «la ley establece que lo que ha de hacer el CGPJ es estudiar si es un jurista de reconocido prestigio y tener más de 15 años en ejercicio de la profesión. Ambos requisitos se dan y no hay más, por lo tanto, cualquier informe que se haga es al margen de la ley».
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