Bildu condena hoy menos la violencia de ETA que Sortu en 2011

En aquellas líneas fundacionales, Sortu se comprometió a que desarrollaría su actividad desde el rechazo «abiertamente y sin ambages a la organización ETA», así como a que los «representantes, militantes y cargos orgánicos e institucionales de Sortu» actuarían acorde a distintos criterios, entre ellos el «rechazo de quienes fomenten, amparen o legitimen los actos de terrorismo, oponiéndose, de manera clara y expresa, a cualquier justificación conceptual y cobertura ideológica de los mismos».

Los estatutos de Bildu, que se pueden consultar en su página web de cara a las próximas elecciones municipales, para las que mantienen en sus listas a 37 terroristas condenados –han comunicado que los siete que lo fueron por delitos de sangre, si son elegidos, no asumirán su cargo tras la presión social, mediática y política surgida a raíz de la denuncia de la asociación de víctimas Covite–, sólo hacen una referencia a ETA. Afirman que «con la desaparición de ETA en 2018 la sociedad vasca ha visto reforzado su papel de sujeto y garante básico para avanzar y lograr un escenario de paz y normalización democrática pivotado en el reconocimiento de todos los derechos individuales y colectivos de toda la ciudadanía vasca sin exclusiones».

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Aluden al acuerdo de Guernica y la Conferencia de Paz de Ayete como la base para abordar la superación del «conflicto político». Ambos supusieron el compromiso para el abandono definitivo de la actividad armada. Los siete etarras condenados por asesinato o colaboración de asesinato que iban en las listas del 28M emitieron un comunicado cuando descartaron tomar posesión de su cargo si resultan elegidos en el que afirmaron: «No vamos a negar ahora nuestra militancia del pasado ni la responsabilidad que asumimos con ello».

No queda claro, según la redacción de los estatutos actuales de Bildu ni las declaraciones públicas de sus dirigentes, cuál es el nivel de arrepentimiento ni condena del terrorismo del resto de condenados por terrorismo que continúan en las candidaturas.

Precisamente el TC, en su sentencia 138/2012 con la que una mayoría de seis magistrados frente a cinco legalizó a Sortu, enumeró una serie de conductas que, de darse con «reiteración y gravedad», podrían llevar a la ilegalización a futuro de la formación. Entre ellas estaba la ambigüedad en la condena del terrorismo o los actos de exaltación que «equiparen la violencia terrorista con la coacción legítima del Estado de derecho».

A esos límites se refieren quienes, después de la polémica suscitada por las listas de Bildu al 28M, consideran que el debate sobre una futura ilegalización no está agotado. La Ley de Partidos Políticos de 2002 contempla que una formación puede declararse ilegal porque incluya «regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales a personas condenadas por terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas». Ramón Rodríguez Arribas, entre los magistrados del TC que votó en contra de la legalización de Sortu, considera en conversación con ABC que «si Bildu hubiera querido participar de manera real y verdadera en una democracia, habría comenzado por condenar de manera efectiva y real los crímenes y ayudado a encontrar a sus autores». El vicepresidente emérito del TC estima que «cuando se produce una denuncia grave con visos de verosimilitud, lo que tienen que hacer las instituciones encargadas de perseguir el delito es investigar, pero no hay voluntad política para hacerlo».

Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Francisco Javier Díaz-Revorio, ve inviable la vía de la ilegalización por la Ley de Partidos, pero no la imposición de límites en candidaturas de cara a futuras elecciones por medio de una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.