Begoña Gómez se opone a que el juez investigue si alguien pudo malversar con la contratación de su asesora
Su abogado afirma que el juez Peinado no aclara qué hechos se investigarán en la última pieza abierta en la causa, aunque no menciona la citación de Bolaños como testigo
La asesora de Begoña Gómez recurre la citación de Bolaños y habla de «extravagantes prácticas» del juez
El abogado de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recurrido la apertura de una nueva vía de investigación por si alguien pudo cometer malversación de caudales públicos con la contratación de Cristina Álvarez como asesora suya en el puesto ... de directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia en julio de 2018.
Antonio Camacho ha presentado un escrito al Juzgado, consultado por ABC, en el que se adhiere a la petición de la Fiscalía de archivar dicha línea de investigación, a la que también se opuso la defensa de Álvarez, investigada como Begoña Gómez por el juez Juan Carlos Peinado por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El representante de Begoña Gómez no hace ninguna referencia en el escrito, como sí hizo el de Álvarez, sobre la pertinencia de que el juez citara al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para declarar como testigo puesto que en el momento en que se contrató a la asesora de la mujer del presidente él era el secretario general de Presidencia.
La malversación y la citación de Bolaños agravan el caso Begoña
El juez da un salto cualitativo en la causa al llamar al ministro de Presidencia Bolaños y apuntar a un delito castigado con cárcel
«La resolución recurrida carece de cualquier relato aun muy somero de qué hechos son los que indiciariamente constituyen el objeto a investigar. En definitiva, que no podemos saber ni los hechos que se consideran constitutivos de la citada malversación ni un apunte, siquiera somero, sobre por qué esos hechos pudieran ser constitutivos de delito», se puede leer en el escrito presentado.
Considera el letrado que «la inexistencia de cualquier relato acerca de qué hechos se van a investigar y sobre la base de qué indicios se considera que pudieran ser contrarios al ordenamiento jurídico, impide que ese control jurisdiccional pueda ser llevado a cabo«.
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