Begoña Gómez calla ante el juez mientras la causa sigue creciendo

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar en su segunda citación ante el juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En la anterior citación, dos semanas antes, su defensa alegó no tener conocimiento de los motivos de la investigación contra ella, así como que no se le había notificado la querella de una de las acusaciones populares, la de Hazte Oír, para solicitar la suspensión de la declaración. Pretensión que el juez atendió, posponiendo la declaración a este viernes.

Este viernes, la mujer del presidente se acogió a su derecho a no declarar «no porque tenga nada que esconder», afirmó al término de la comparecencia su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, quien trasladó que él mismo le recomendó no contestar ninguna de las preguntas de las partes personadas. «Nuestra posición es que este procedimiento carece de objeto alguno en este momento», sostuvo. «Entre otros motivos -alegó- porque los informes de la UCO (Guardia Civil) concluyen que no hay irregularidades». «Un juez no puede investigar cualquier cosa, sino que debe delimitar la causa. Se trata de una investigación expansiva donde las garantías de mi defendida no son las que debe haber en un Estado de derecho», denunció Camacho ante los medios.

La defensa de Gómez sostiene que el juez Peinado inició esta investigación a raíz de una denuncia de Manos Limpias y que la Audiencia Provincial de Madrid acotó el objeto de la causa al estudio de unos contratos públicos concedidos a la compañía Innova Next de Juan Carlos Barrabés, empresario para el que la esposa de Sánchez firmó dos cartas de recomendación que él mismo utilizó en la concesión de las citadas licitaciones. Puesto que la Fiscalía Europea instruía otro procedimiento en paralelo, el juez tuvo que dejar fuera de sus pesquisas los contratos en los que hubiera fondos europeos.

A día de hoy, la investigación del instructor Peinado se extiende a la actividad de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), a cómo consiguió la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva sin ser licenciada, así como dirigir dos másteres en dicho centro. Ya ha tomado declaración como testigos, además de a Barrabés, al rector, Joaquín Goyache, al vicerrector institucional, José María Coello de Portugal, y a su antecesor, Juan Carlos Doadrio, responsable de las cátedras extraordinarias en octubre de 2020, cuando Begoña Gómez accedió a una de ellas.

La Complutense pidió al instructor, además, que investigue si Begoña Gómez pudo incurrir en «apropiación indebida» y provocar algún «perjuicio patrimonial» a la universidad al registrar dos marcas -sin saberlo la UCM- con un objeto muy similar al de un 'software' desarrollado en el programa de la cátedra que sigue dirigiendo. El abogado de Gómez considera que la investigación no se puede seguir ampliando continuamente y, respecto al registro de tales marcas, afirmó que «la Universidad Complutense siempre tuvo conocimiento» de ello.

Jorge Buxadé, uno de los coordinadores nacionales jurídicos de Vox, parte de la acusación popular contra Begoña Gómez, anunció que el partido pedirá al juez que Pedro Sánchez declare como testigo para explicar «de qué hablaron en Moncloa» el empresario Carlos Barrabés, Sánchez y Gómez en los dos supuestos encuentros que mantuvieron en el Palacio presidencial y «a cuántas empresas ha llamado para facilitar el trabajo de su mujer».

Para las acusaciones populares, ejercidas por Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitua Europa y Movimiento de Regeneración Política de España, la decisión de la mujer del presidente de no declarar es una «falta de colaboración con la Justicia» y una «burla» a los españoles. Javier María Pérez-Roldán, representante legal de Hazte Oír, afeó: «Hemos asistido a otro circo con un coste económico de un dispositivo de seguridad al sol con 50 grados para decir que no iba a declarar».

Antes de la comparecencia de Gómez, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, aseguró que los servicios jurídicos de la asociación propondrán al resto de acusaciones populares ampliar la querella por un presunto delito de intrusismo profesional porque, según sostuvo, Begoña Gómez firmó un pliego de prescripciones técnicas en uno de los contratos suscritos por la Complutense para el que no tendría capacidad ni titularidad.

La declaración se produjo con un despliegue de seguridad mucho menos numeroso que hace dos semanas. Efectivos de Seguridad Ciudadana vigilaron desde primera hora la zona de los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid. Hubo menos efectivos policiales que el día 5, cuando se desplegaron casi 30 furgonetas de Policía Nacional. Fuentes del Cuerpo trasladaron a ABC que ayer no llegaron a la decena.

Como hechos anecdóticos de la jornada, un pequeño grupo de entre 40 y 50 manifestantes convocados por Hazte Oír se concentró a unos 100 metros de los juzgados, frente a los que corearon cánticos como «Begoña devuelve la pasta» o «juez Peinado estamos a tu lado». El activista populista Vito Quiles consiguió acceder al edificio judicial por segunda vez, aunque miembros del equipo de seguridad le pidieron identificación y, al presentarse como un «ciudadano particular» y no como abogado, le invitaron a marcharse.