La inmigración ilegal de récord que asfixia a Baleares: «Tenemos un 300% más de menores que Canarias por tasa de población»

En 2024 llegó a Baleares casi una patera al día. Casi 6.000 inmigrantes a bordo de 348 pateras que parten desde las costas de Argelia en una ruta migratoria ilegal que se ha multiplicado por 12 en el último lustro.

La mayoría de los inmigrantes son hombres jóvenes magrebíes, de entre 16 y 40 años, aunque cada vez el perfil es «más heterogéneo», explica Cruz Roja, que se encarga de realizar la primera atención humanitaria y entrega artículos de primera necesidad. La ONG niega que compren billetes de barco para su traslado ni se les ofrezca dinero de bolsillo.

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Mayte Amorós

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Baleares suele ser un lugar de paso para los inmigrantes mayores de edad. Tras ser identificados y puestos en libertad, siguen su viaje en ferry a Denia, Valencia o Barcelona para continuar hasta Francia o Bélgica, donde se reúnen con familiares o amigos. «Vienen con bastante prisa para hacer el papeleo porque saben que quedarán en libertad», explican los sindicatos policiales. «Se les toman las huellas y se apunta lo que ellos te dicen porque no tenemos forma de comprobar quiénes son, de qué país vienen ni si tienen antecedentes penales».

Cada oleada de pateras -a veces arriban más de 400 personas en un día-, colapsa el servicio de extranjería ante la falta de medios materiales y humanos, lo que conlleva que se dejen de prestar otros servicios a los ciudadanos.

Baleares no tiene CIE (centro de internamiento de extranjeros) donde ubicarlos provisionalmente y sólo cuenta con un CATE (centro de atención temporal de extranjeros) en Palma, que se construyó hace unos años tras verse obligados los agentes a usar las cocheras de las comisarías para atender a los inmigrantes.

Por si fuera poco, en Ibiza, que también se encarga de los inmigrantes que llegan a Formentera porque allí no hay Policía Nacional, los agentes tienen un centro improvisado y provisional cedido por Baleària en la antigua estación marítima de la isla, «aunque no cuenta con ninguna medida de seguridad para policías ni para los inmigrantes», denuncia Manuel Pavón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Baleares.

La llegada masiva de pateras está poniendo en jaque también a los Consells, las administraciones insulares responsables de la acogida de los menores no acompañados. Este 2024 se han superado todos los registros con la llegada de más de 400 menores que quedaron bajo la acogida de las instituciones insulares: 268 en Mallorca, 101 en Formentera y 48 en Ibiza.

Los centros de menores están saturados, especialmente en Formentera, donde el Consell ha pedido devolver al Gobierno autonómico las competencias de acogida de menores extranjeros no acompañados. «Antes teníamos unos 10 menores no acompañados y ahora son más de 100, unos volúmenes que Formentera no puede soportar», denuncia la institución insular.

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Casi la mitad de todas las pateras que llegaron a Baleares en 2024 entraron por Formentera, la isla menos poblada del archipiélago. Sin barca de salvamento Marítimo propia, sin radar SIVE y sin apenas agentes de la Guardia Civil, Formentera se convirtió este 2024 en la puerta de entrada favorita para las mafias de la inmigración ilegal y vio cómo la llegada de inmigrantes se quintuplicó: 2.600 en un año. Uno por cada cuatro habitantes. Los menores que viajaron a bordo quedaron automáticamente bajo la tutela del Consell nada más tocar tierra.

2024 lo cambió todo para esta isla que se ha convertido en el territorio español con una «ratio de menores no acompañados por habitante más alta incluso que Canarias», apunta el diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, al tener entre ocho y nueve menores no acompañados por cada mil habitantes.

«Es un 300% más que Canarias, un 160% más que Ceuta, y un 2.300% más que el resto de Baleares», apunta Córdoba, que insiste en que «si se hiciera un reparto de todos los que llegan al archipiélago, nos tocaría atender a 4 o 5».

A diferencia de Canarias, que tiene las competencias autonómicas, en Baleares son los Consells -una especie de diputaciones insulares- quienes se hacen cargo de la acogida de menores extranjeros no acompañados. En el caso de Formentera, el Gobierno balear transfirió las competencias en 1997 con la idea de que los niños y adolescentes en riesgo mayor no fueran trasladados a otras islas. «Pero hoy la situación es muy distinta», apunta Córdoba que entiende que devolver las competencias de menores al Gobierno balear es cuestión de «supervivencia».

Actualmente Formentera tiene 104 menas a su cargo, casi diez veces más que hace un año. Acoger a estos inmigrantes cuesta cerca del 20% de todo el presupuesto insultar, unos nueve millones de euros. «Y eso es una barbaridad», denuncia Córdoba, que plantea que el Estado central asuma el coste de esta «situación sobrevenida» al considerar que deriva de un problema de inmigración ilegal que el Gobierno no está controlando. Según Córdoba, «no es lógico que Sánchez reconozca su responsabilidad sobre los adultos y sobre las pateras, pero se desentienda de los menores».

En Mallorca los centros de acogida de menores también están saturados. «Mallorca no tiene capacidad para asumir ni un solo menor más», advierte el responsable del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, que no descarta recurrir a tiendas de campaña de forma provisional para atender a los menores extranjeros.

La falta de espacios ha provocado una 'competición' insólita entre los propios consells, que intentan a la desesperada conseguir nuevos espacios para atender a 'sus' menores tutelados. Formentera está enviando a los menores a otras islas desde hace meses, Ibiza ha habilitado de urgencia nuevos centros temporales en un antiguo cuartel o en pisos en diversos municipios y Mallorca ha tenido que recurrir al Obispado.

Tampoco encuentran profesionales para atenderlos en condiciones de dignidad. «Hay monitores que firman el contrato por la mañana y renuncian por la tarde», reconoce el Consell de Ibiza, ante la «saturación de los servicios sociales» por la enorme carga de trabajo. De hecho, el fiscal de menores alertó incluso del riesgo de hacinamiento en la pitiusa mayor.

Según los datos del Gobierno autonómico, Baleares acoge ocho veces más de lo que está preparado el sistema de acogida. Ante esta situación, la presidenta Marga Prohens (PP) descarta el reparto de menores inmigrantes de Canarias, como propone el Gobierno de Sánchez. «No es una cuestión de solidaridad sino de capacidad», defiende la líder regional, que achaca este aumento de pateras desde Argelia al giro promarroquí del presidente en la política exterior del Gobierno.

Argelia mantiene su frontera cerrada, lo que impide la devolución de los inmigrantes mayores de edad que llegan en pateras desde Argelia. Una ruta in crescendo que el ministro de Interior, Fernando Grande- Marlaska, niega que esté consolidada. En la misma línea, la ex presidenta balea y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, pidió esta semana un enfoque humano en la crisis migratoria, mientras el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, propone como solución que el PP firme la Ley de Extranjería de Sánchez. «La desidia del Gobierno central no es más que un chantaje del Gobierno a las comunidades del PP para que se apruebe esta ley como la quiere Sánchez», responde el diputado de Formentera.

«Mientras tanto, las mafias se aprovechan para hacer negocio, conscientes de la falta de recursos y la ausencia de controles», explica Tomás Quesada, portavoz de la asociación profesional de la Guardia Civil Jucil, poniendo el acento en la precaria situación que tiene Formentera sin radar SIVE, ni barca de Salvamento Marítimo propia, sin Policía Nacional y con un radar portátil «que lleva sin usarse desde octubre». Según JUCIL, hay un déficit de 500 agentes en Baleares, ya que el catálogo está desfasado y a medio cubrir. Esta precariedad repercute en la seguridad de las islas.

Apenas una treintena de agentes de la Guardia Civil atienden solos todas las pateras que llegan a Formentera, donde las mafias han empezado a usar 'taxis patera' y cada vez operan con más violencia, poniendo en riesgo a los inmigrantes, a los ciudadanos y a los agentes cuando los interceptan. Los patrones sueltan el mando para evitar ser detenidos cuando están cerca de la costa. La picaresca alcanza niveles surrealistas como el que llegó a Formentera y viajó hasta Denia. Allí robó una embarcación para volver a Argelia y regresar a Formentera cargado de inmigrantes.

En las playas se quedan los cayucos varados o hundidos sin que el Gobierno los retire. «Es otra competencia que el Ejecutivo central no está cumpliendo», denuncia el Consell de Formentera, que se ha visto obligado a costear el traslado de las embarcaciones al vertedero o pagar a una empresa del sector para que las remolque a Ibiza. De momento, a Formentera tiene una nueva montaña «de pateras».