La Audiencia Nacional reabre la causa por blanqueo en el Caso 3% al apreciar indicios suficientes

Esta rama de la investigación se abrió a partir de un informe de la Fiscalía Anticorrupción que en abril de 2020, pidió la imputación, entre otros, de cuatro exconsejeros de la Generalitat bajo gobiernos de Artur Mas y Jordi Pujol: Felip Puig, Jordi Jané, Irene Rigau y Pere Macias. La sospecha es que inyectaban pequeñas sumas de dinero al partido como donaciones que en realidad, les había entregado la formación.

Tras tomar declaración a estos y otros investigados, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó dar carpetazo al asunto porque consideraba que después de este tiempo de instrucción, ni de las declaraciones ni de la documental recabada se deducían indicios de blanqueo de capitales.

Noticia Relacionada

El juez archiva la pata de blanqueo del caso 3% que afectaba a 12 exdirigentes y altos cargos de CDC

Isabel Vega

Considera que «no consta indicio alguno que acredite un mecanismo de afloramiento de dinero negro» del partido

Anticorrupción recurrió y la Sala de lo Penal le ha dado la razón: «A la vista de la información ofrecida por el Ministerio fiscal en relación a la existencia de indicios de una posible financiación ilegal por parte de la formación el tribunal entiende debe continuarse la investigación llevada a cabo por el instructor, interesando que éste solicite los informes que estime oportunos a fin de determinar la existencia de una posible conducta delictiva por delito de blanqueo de capitales».

Los magistrados de la Sección Cuarta establecen así que el instructor tendrá que requerir, en su caso, «la documentación bancaria que pueda existir sobre imposiciones bancarias de los investigados realizadas en fechas cercanas a las donaciones obrantes en autos», para lo que tendrá que prorrogar la instrucción, que ya había vencido.

Mientras, se siguen produciendo avances en otra de las piezas desgajadas de esta macrotrama de corrupción por la que varios exgerentes y extesoreros del partido ya van camino del banquillo. Se trata de la investigación por adjudicaciones irregulares con contratos de la Generalitat de Cataluña, que tienen en el foco, entre otros, una concesión para ambulancias.

Este miércoles el juez Pedraz ha tomado declaración al empresario y exdirigente de Convergencia David Madí, quien se ha desvinculado de la adjudicataria. Según ha explicado, consideró entrar en esa empresa pero se echó atrás tras constatar que no era rentable. Después, liberaron la opción de compra. Fuentes de su defensa citadas por Europa Press subrayaban al término de la declaración que en su comparecencia había quedado «todo aclarado» en esta causa que califican de despropósito.

Por otro lado, ha trascendido que, durante el interrogatorio, Madí habría puesto en conocimiento del magistrado que el experto en ciberseguridad Albert Gabàs, la persona que habría afirmado tener un correo del empresario Fermí Ferran en el que asegura que el exconvergente era su cliente, en realidad es un infiltrado en la Generalitat de Cataluña de los servicios de inteligencia españoles.

La declaración de Madí va en consonancia con la realizada por otro de los investigados, el propietario de Ambulancias Egara, Oscar Simón, que reconoció que mantuvo contactos con Madí al tiempo que negó cualquier tipo de irregularidad en la adjudicación de contratos públicos.

Simón indicó ante el juez que se reunió con Madí buscando una inyección de liquidez en la empresa que heredó de su padre. En este contexto, conoció a un hombre, Juan Luis Gallardo, que le ofreció buscar inversores y que le habría puesto en contacto con un grupo inversor: ICAT Desenvolupament. Según las fuentes consultadas, ese grupo era propiedad del propio Madí y de otro de los imputados, el empresario Juan Alberto Arqués.

Fue en 2012 cuando Simón y los dos empresarios decidieron llevar a cabo una opción de compraventa del accionariado de Ambulancias Egara, pero las negociaciones no habrían llegado a buen puerto y terminaron por romperse por dos razones.

La primera, explican las mismas fuentes, es que Arqués abandonó ICAT. La segunda es que Simón expresó sus suspicacias con respecto a Madí, con quien no tenía buena sintonía. Fue entonces cuando el propietario de Ambulancias Egara habría pedido a Arqués que le apartase de esa negociación.

Con todo, Simón en su declaración ante el magistrado sí habría reconocido que Ambulancias Egara realizó una donación de 30.000 euros a Catdem, una fundación vinculada a CDC y señalada como clave de la financiación irregular que se presume en el Caso 3%, a iniciativa de su padre. Pero explicó que la empresa realizaba donaciones de forma usual.

Madí ha sido el último de los imputados en declarar, después de que lo hicieran también los empresarios Juan Alberto Arqués --socio de Madí--, Fermí Ferrán y Alejandro García-Gascón. Estos dos últimos entraron en esa empresa de ambulancias tras la adjudicación del servicio de ambulancias a la UTE participada por Egara en 2015 y fuentes jurídicas aseveran que desde el Ministerio Público se entiende que eran hombres de confianza del propio Madí.

Se da la circunstancia de que Madí ya fue condenado en octubre de 2022 en el marco del 'caso Triacom' por el Juzgado Penal 23 de Barcelona a 14 meses de prisión y una multa de 219.750 euros tras el juicio contra él y otros siete acusados por una trama de facturas falsas en 2011 en la que participó como cooperador necesario para defraudar a Hacienda.