Los atentados a agentes crecieron un 16 por ciento después de la pandemia
Policías y guardias civiles piden que se les dote de táser, cámaras y mayor seguridad jurídica ante el aumento de resistencias y agresiones a funcionarios
Las redes sociales tienen un efecto simbiótico: la difusión de vídeos de ataques animan a otros
Hay comisarías de Madrid en las que tienen partes de lesiones de casi 150 de sus agentes en un año. Es un agujero en el que a Interior no le conviene hurgar, pero las tablas excel internas existen y los heridos, también.
«No ... todos los delitos de atentado acaban con policías heridos pero en los que constan como tal les dan un puñetazo o les rompen los pantalones o la camiseta, les doblan una mano...», explica un mando policial.
¿Por qué se ataca a los agentes? «Por la impunidad». Es la respuesta en la que coinciden todas las fuentes policiales consultadas, desde sindicatos y asociaciones hasta los que lidian en la calle con la delincuencia común.
«Ni hay castigo inmediato ni posterior». Una reseña policial y una multa irrisoria. Esas suelen ser las mayores consecuencias de atacar a un policía.
El vídeo de Cangas de Onís en el que un guardia civil tirado en el suelo recibe un fortísimo puntapié de un individuo muy violento (al que iban a reducir) mientras varios agentes no reaccionan ha reavivado la polémica dentro y fuera de los Cuerpos policiales.
Solo un guardia se enfrenta a él mientras los sanitarios también quedan expuestos a la furia del agresor. Lo detuvieron y quedó en libertad, pese a que el fiscal pidió prisión.
Delitos contra el orden público
2020
2021
Incoaciones
(previas + urgentes)
Calificaciones
35.782
13.556
Atentado/
Resistencia
Atentado/
Resistencia
16.183
35.645
440
133
Desórdenes
públicos
Desórdenes
públicos
613
142
Armas/
Municiones/
Explosivos
Armas/
Municiones/
Explosivos
628
1.695
1.696
749
Presencia en las sentencias dictadas
Atentado/Resistencia
13.215
94%
Armas/
Municiones/
Explosivos
704
5%
Desórdenes
públicos
113
1%
Fuente: Fiscalía General del Estado / ABC
Delitos contra el orden público
2020
2021
Incoaciones
(previas + urgentes)
35.782
Atentado/
Resistencia
35.645
440
Desórdenes
públicos
613
Armas/
Municiones/
Explosivos
1.695
1.696
Calificaciones
13.556
Atentado/
Resistencia
16.183
133
Desórdenes
públicos
142
Armas/
Municiones/
Explosivos
628
749
Presencia en las
sentencias dictadas
Atentado/Resistencia
13.215
94%
Armas/
Municiones/
Explosivos
704
5%
Desórdenes
públicos
113
1%
Fuente: Fiscalía General del Estado / ABC
Ya tenía otra detención en 2015 por desobediencia y resistencia y un antecedente anterior por tráfico de drogas.
«La decisión judicial añade más incertidumbre a los protocolos de actuación de los guardias civiles, ya que si el agresor no lleva armas de fuego ni armas blancas la respuesta debe ser distinta», lamentan desde la asociación Jucil de guardias civiles.
Insisten en que «algunos de estos agresores con sus puños, su fuerza, su cuerpo pueden causar heridas muy graves, incluso letales».
«El principio de autoridad ha desaparecido o se ha diluido». Lo repiten como un mantra los agentes. «Nosotros somos la trinchera», dice un mando intermedio de Seguridad Ciudadana. Diluido o no ese principio, las cifras le dan la razón.
En el desglose de criminalidad que publica la Secretaría de Estado de Seguridad no se recogen cuántos delitos de desobediencia, resistencia y atentado se producen, aunque lógicamente Interior dispone de ellos.
El Defensor del Pueblo que sí los incluía ha dejado de hacerlo; los únicos datos disponibles son los de Fiscalía. Pero no todos los que se producen acaban en un juzgado, de forma que esa cifra tampoco es la total. El Instituto Nacional de Estadística elabora sus propias tablas.
El año de la pandemia los delitos mencionados (los principales contra el orden público) se dispararon, sobre todo el de desobediencia, ante las restricciones del estado de alarma.
Tuvieron más relevancia penal por su reiteración y los ciudadanos fueron más agresivos. Se cometieron casi 20.000 de estos delitos, mientras la criminalidad en general descendía hasta números inéditos.
Sin castigo, reincidencia
En 2021 (los últimos datos disponibles), ya sin estado de alarma, la desobediencia y resistencia descendió un 13 por ciento, pero curiosamente la Fiscalía abrió muchos más procedimientos por atentado (más grave), un 15,75 por ciento por encima.
Se pasó de 15.992 en el año Covid a 18.512 en 2021. Los fiscales advierten en su Memoria de 2021 de que la frontera entre ambas figuras delictivas «no es nítida en un primer momento».
En su labor diaria constatan el aumento creciente. Calificaron más de 16.000 desobediencias, resistencias y atentados en 2021 frente a los 13.500 del año anterior. También en este punto, el delito de atentado subió un 29 por ciento. «La ausencia de castigo implica reincidencia, es un principio básico.
Por estos delitos u otros comunes no se ingresa en prisión ni se conceden órdenes de alejamiento y de ahí llegamos a personajes con 280 detenciones por hurto que se pasean por la puerta de comisaría», cuenta un agente.
Otro inspector, que lleva toda la vida en Seguridad Ciudadana, aporta soluciones: «Sería importante que la Fiscalía dictara una instrucción para que en casos graves de atentado a agentes se pida prisión.
No nos benefician imágenes como las de Cangas o las de Usera de hace semanas porque eso anima a otros. Los policías no pueden dejar que se conculque su autoridad con los medios que tengan disponibles».
Deficiente formación
Los medios disponibles es otra de las batallas. El pasado junio el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se dirigió a la ministra de Justicia, Pilar Llop, después de que un individuo armado con un punzón apuñalara a un agente en Pontevedra. Le pidieron que desde la Abogacía del Estado se propongan medidas urgentes, un real decreto que aporte soluciones.
Reclaman un marco jurídico adecuado, mejores medios técnicos, como las pistolas táser, la mayoría aún en un cajón. «Un zeta, una táser, un policía y un chaleco», es el lema de esa reivindicación. Jucil también hace suya la reclamación y suma las cámaras unipersonales y la formación.
«Nosotros en la Sala tenemos que dar más explicaciones que el delincuente. No tenemos respaldo administrativo ni jurídico y si existe una mala praxis nos enfrentamos a sanciones disciplinarias muy severas y al Código Penal», dice Ernesto Vilariño, secretario general de esta asociación. «Tenemos una formación patio, cada tres meses, sobre cómo entrar en un domicilio, manejo de armas o repeler una agresión. No lo interiorizas: eso no es formación; son clases particulares».
Atacar al policía: 200 euros
En 2021 se dictaron 13.215 condenas por atentado/resistencia; suponen el 94 por ciento de todos los delitos contra el orden público y un incremento del 35 por ciento respecto a las sentencias del año anterior.
«Muchos de los que nos agreden son reincidentes. Hay individuos con una hoja de antecedentes con 40 reseñas. El juez tiene una facultad muy amplia para sustituir la pena por una multa y esa sanción se fija en función de la capacidad económica.
Hay muchas de 200 euros. Atacar a un policía vale eso», señala Jacobo Rodríguez, portavoz del SUP. Su servicio jurídico ha ganado todas las reclamaciones a la Dirección General de la Policía como responsable civil subsidiario por insolvencia del delincuente.
La aparente desprotección de quienes nos protegen, según denuncian, tiene muchos puntos de vista, numerosas causas y, de momento, pocas soluciones.
Las fuentes consultadas relatan la influencia del alcohol y las drogas en esos envalentonamientos que retan a cualquier autoridad; el aumento de personas con patologías mentales sin ningún tipo de control, la violencia creciente y la falta de consecuencias; también el efecto multiplicador de las redes sociales.
«Tienen un efecto simbiótico. Las redes en este tema animan a otros. Grabarlo y difundirlo es un aliciente para muchos; cortado y editado, claro, porque no suele verse la previa cuando se refieren a la madre del policía unas veinte veces con escaso cariño, o le empujan, o le vacilan», ironiza otro mando que pasó parte de su carrera en las UIP.
No hace tanto la mera presencia de un uniforme intimidaba. Ahora, en ciertos contextos, es casi un aliciente. Pero hay agentes que no comparten la crítica judicial.
«Si el juez no los manda a prisión es porque se ciñe a aplicar la ley. Habrá que revisar si la ley ha evolucionado como los delincuentes», argumenta uno de los mandos.
Oportunidad, proporcionalidad y congruencia. Son tres términos que deben tatuarse a fuego y sangre quienes visten uniforme y desde los Cuerpos, de manera interna, aparece la autocrítica sobre algunas actuaciones, como la de Andújar en la que un policía mató a su compañero durante una intervención.
«En los cursos de UIP, por ejemplo, no se busca al más fuerte (sí que cumpla unos mínimos físicos), sino al que tenga mejor cabeza, al que aguante hasta el límite. Nunca alentamos una respuesta indiscriminada, solo la fuerza indispensable», explica un responsable de formación.
Que te denuncien
Otro jefe intermedido concluye: «Un policía en la calle no tiene que tener miedo a asumir el riesgo de que se investigue su actuación si es proporcionada. Yo lo repito a los míos: no pasa nada porque te denuncien si tú no has actuado dolosamente. Y otra cosa: los que tenemos que grabar somos nosotros. Que el agente lleve una cámara le favorece, si hay problemas».
Los datos del INE muestran como en nueve años (de 2013 a 2021) se ha pasado de 11.520 delitos de atentado, desobediencia y resistencia a 14.664. Nadie difumina el efecto de esa 'caza' a quien detenta la autoridad (la que se sigue negando de manera incomprensible a los funcionarios de prisiones). Pero hay voces críticas.
«Que no me vengan con falta de formación o medios que hace 10 o 20 años no existían ni los táser ni las extensibles ni los sprays ni 20 gimnasios... Antes lo que había era actitud. Porque lo que hace falta es coraje». Lo escribió en Twitter tras lo de Cangas un conocido miembro de las UPR. Muchos discrepan.
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