Las asociaciones cívicas catalanas critican los acuerdos PSC-ERC: «Son contrarios a la Constitución»

El precio para que Salvador Illa sea el próximo presidente de la Generalitat de Cataluña no ha sentado nada bien entre las entidades constitucionalistas de la comunidad. A la espera de conocer los detalles del preacuerdo firmado por ERC y el PSC, bajo la supervisión y la aprobación del PSOE, que permitirá a Cataluña, entre otras cosas, disfrutar de un concierto económico en materia de financiación, bloquear la actuación judicial en las escuelas para que se aplique el bilingüismo y la promoción de las selecciones deportivas catalanas, al margen, lógicamente de la española, varias asociaciones ya han manifestado su oposición.

De momento, ante el silencio del PSC y el PSOE, solo se conoce el preacuerdo por boca de los dirigentes de ERC: ayer, Raquel Sans y hoy, Marta Vilalta. Con lo que han manifestado desde la formación que dirige Marta Rovira, que este viernes consultará a sus bases para ratificar el documento, desde S'ha Acabat! se ha criticado que los socialistas no hagan lo mismo: «Que sea ERC quien consulte a sus afiliados la idea de pactar con el Partido Socialista y no al revés, con quienes quieren romper España, define a la perfección lo que es el PSC. Un partido separatista más».

En esta línea, desde Societat Civil Catalana se ha lamentado el contenido del pacto. «Cuando se pacta con quien quiere romper España se rinde la solidaridad al proyecto rupturista. Los ciudadanos que creemos en la igualdad de todos los españoles tenemos el deber de impedir que estos acuerdos contrarios a la Constitución vean la luz», han apuntado desde la entidad que preside Elda Mata y lideró a los catalanes en contra de la independencia durante los años del 'procés'.

Impulso Ciudadano, por su parte, asociación presidida por José Domingo, ha advertido de que «de confirmarse los términos del acuerdo PSOE-ERC para investir a Salvador Illa, se estará rompiendo la solidaridad interterritorial, vulnerando la igualdad entre españoles y dejando sin efecto la oficialidad del español en Cataluña».

También la Asamblea por una Escuela Bilingüe ha lamentado el precio pagado por los socialistas para que Illa sea el próximo inquilino del Palacio de la Plaza San Jaime de Barcelona: «Illa será 'president' de la Generalitat, lo será pisando nuestros derechos lingüísticos, vendiéndolos 'de nuevo' al nacionalismo clasista y supremacista». Desde la entidad, presidida por Ana Losada, se ha acusado al líder del PSC de mentir: «Mintió 'de nuevo' cuando nos decía que quería una Cataluña de todos los catalanes 'hablen la lengua que hablen»'«.

Por su parte, Empresaris de Catalunya ha valorado el preacuardo como «una reedición de los tripartitos que arruinaron a Cataluña multiplicando por tres su deuda en siete años«, según ha señalado la entidad en un comunicado recogido por Ep. Josep Bou, presidente de la asociación, ha indicado que «el pacto anunciado es de carácter político, con medidas que no ayudan a las empresas, ni a la economía, y que solo suponen fuentes de exclusión o conflicto como la exclusión del español mediante una Consejería del catalán o la creación de selecciones deportivas catalanas».

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Y ha apuntado que la gestión de todos los impuestos a través de la Agencia Tributaria de Cataluña supone «romper el principio de solidaridad entre españoles» lo cual provocará inseguridad jurídica, incertidumbre sobre el futuro de la presión fiscal y el peligro de que las empresas aceleren su salida de la región.