La Asociación de Fiscales carga contra Sánchez por referirse a «su» fiscal general y critica el «silencio» de García Ortiz

En un comunicado, la mayor organización del ramo denunciaba que «nuevamente, para el presidente del Gobierno el Ministerio Fiscal no es una institución autónoma, de raíz constitucional y ajena al partidismo político, sino que coloca al fiscal general del Estado dentro del propio Gobierno de la nación». Bajo el título 'El FGE no forma parte del Gobierno', se despachaban así contra Sánchez, pero también contra el propio Álvaro García Ortiz, por no haber salido hasta ahora con un comunicado defendiendo su independencia y haciendo pedagogía al respecto.

En concreto, sostienen que «sin duda, en cualquier otro momento, con cualquier otro interviniente, las palabras de un presidente patrimonializando al fiscal general habrían tenido una respuesta contundente de la propia Fiscalía General del Estado expresando su rechazo a tal intromisión, haciendo didáctica, explicando el papel constitucional de la institución» y, sin embargo, ahora no ha ocurrido. «El clamoroso silencio ha sido la única respuesta. Nos parece tan preocupante que se vincule la Fiscalía con el Gobierno como el silencio de la institución ante semejante afirmación».

Noticia Relacionada

El Poder Judicial se prepara para resistir los ataques de Sánchez

Nati Villanueva

El CGPJ, dique de contención del acoso a los jueces, aspira a cubrir el centenar de vacantes antes del verano

En este sentido, afirman que «la comunicación pública de la Fiscalía General no puede ponerse al servicio de los intereses partidistas» y era necesario un comunicado dirigido a toda la sociedad explicando «sin matices su posición neutral y su independencia respecto del Ejecutivo». «Aquí, sí», dicen, en referencia velada a la polémica nota de prensa sobre el novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso que motivó la primera querella por revelación de secretos que ha acabado con García Ortiz imputado en el Tribunal Supremo.

Desde la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular contra García Ortiz en esa causa, este lunes comentaban a ABC que este tipo de afirmaciones del presidente del Gobierno «mancha la carrera de forma que es muy difícil quitar el estigma de estar practicamente dentro del Consejo de Ministros». «Y ya no solo por las declaraciones sino por otras manifestaciones. Por ejemplo, a mí como fiscal no me reconforta que salga un ministro diciendo que confirman o respaldan al fiscal general del Estado. Oiga, es que no necesita su confirmación, ni la del Ejecutivo, ni la de un ministro ni la de un presidente del Gobierno», señalaba el portavoz de APIF, Miguel Pallarés. Al fiscal general le nombra el Gobierno, efectivamente, pero sólo le puede cesar por causas tasadas en la legislación que no incluyen la imputación en una causa penal.

«Todo eso no es más que una muestra del Ministerio Fiscal integrándose en la órbita del Ejecutivo y eso daña enormemente su independencia: el Ministerio Público forma parte del Poder Judicial, no del Gobierno», señala Pallarés.

En cuanto al silencio de García Ortiz, para la APIF «la situación a la que ha arrastrado» a la Carrera Fiscal «estirando todo lo que puede» el cargo sin dimitir por su imputación explica que ahora no salga públicamente a matizar las palabras de Sánchez. «Es incompatible ser Fiscal General del Estado y estar imputado y ahora claro, ante una frase tan desafortunada pues se calla, en una lógica consecuencia del momento en el que está», afirma.

No es la primera vez que la Asociación de Fiscales sale a replicar al presidente del Gobierno, cuya célebre pregunta retórica sobre de quién depende la Fiscalía abrió heridas que la llegada al cargo de la exministra de Justicia Dolores Delgado y su dimisión posterior en favor del relevo de Álvaro García Ortiz -era su mano derecha- no han terminado de cerrar. Ocurrió en noviembre de 2019, con un Sánchez en funciones y aspirante a revalidar entrevistado en Radio Nacional sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont, a quien en aquel momento, prometía traer de vuelta a España para que rindiese cuentas ante la Justicia.

«La Fiscalía es independiente y no cumple órdenes del Ejecutivo, solo depende de la legalidad», decían entonces desde la asociación mayoritaria, a la que se sumó en la crítica también la Unión Progresista de Fiscales. Este lunes, preguntados por ABC, el portavoz, Félix Martín, remitía a su posición tradicional: «En muchas ocasiones nos hemos referido a la imprescindible necesidad de que ningún partido político considere que la institución de la Fiscalía General del Estado es de nadie. Es una institución constitucional. Su forma de designación es eso, nada más».

Para la APIF, ahora el presidente del Gobierno «está diciendo lo mismo» que en aquella pregunta retórica y «en unos términos que se descalifican solos».

Segarra no salió en aquel momento a contestar, ya llevaba meses defendiendo la independencia de los fiscales a cargo del juicio del 'procés' y recordando que la Fiscalía «no recibe instrucciones de nadie». Su salida ya estaba prevista en esas fechas. Sánchez fue investido presidente a la vuelta de aquellas generales y nombró a Dolores Delgado fiscal general, para disgusto de buena parte de la carrera por la erosión de la imagen de independencia que entienden, supone saltar directamente del Consejo de Ministros a la institución.

Han pasado casi cinco años y Pallarés sostiene que la Fiscalía está ya en «una situación tan crítica que lo mejor quizá es tocar fondo» porque «el modelo ya está claro que no funciona». «Ya no solamente basta con que haya una apariencia de imparcialidad o de autonomía, es que tiene que tenerla efectivamente. Y probablemente eso pasa por reformar la figura del fiscal general del Estado descanclándola totalmente del Ejecutivo», advierte.