El juez envía a Aldama a prisión

En el mismo operativo se arrestó también a otros 13 implicados que, igualmente, han pasado esta mañana a disposición judicial. Entre ellos, el socio de Aldama vinculado a la empresa de combustibles Villafuel, Claudio Rivas, propietario también del chalé que disfrutó el exministro José Luis Ábalos en Cádiz.

En su caso, Pedraz también ha decidido, como había solicitado el fiscal Luis Pastor, acordar su ingreso en prisión provisional, según las fuentes jurídicas consultadas. La hermana de Rivas, Claudia, también implicada, ha quedado en libertad con medidas cautelares.

Según la investigación, dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en coordinación con el fiscal Anticorrupción Luis Pastor, la supuesta organización criminal contaba con una serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos.

Se calcula que en tan solo dos años habrían defraudado 182 millones de euros. Según la nota difundida por el Ministerio Público, los beneficios millonarios obtenidos en poco tiempo, permitía a estas compañías posicionarse en las esferas de poder y conseguir «una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración«. Las pesquisas sitúan a Aldama y a Rivas como los principales responsables de la presunta organización criminal.

Durante la operación policial la UCO efectuó once entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas, en varias provincias españolas, principalmente en Madrid, Salamanca y Cáceres. El análisis de los dispositivos, según las fuentes consultadas por este diario, puede ser determinante. Porque su contenido podría demostrar la capacidad de influencia que Aldama tenía más allá del Ministerio de Transportes cuando Ábalos estaba al frente.

Cabe recordar que Aldama ya figuraba como imputado por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias en el marco del caso Koldo, instruido por el juez Ismael Moreno. De los 54 millones de euros en adjudicaciones públicas para la compra de mascarillas, Aldama habría obtenido unos beneficios de hasta 5,5 millones, según las pesquisas.

Además el empresario estaba registrado en la base de datos de la unidad de información de la Guardia Civil (Unidad Central Especial o UCE) como «colaborador», según apuntan los agentes de la UCO en un reciente informe aportado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.