Anticorrupción pide 15 años de prisión para Luceño y 9 para Medina por el caso Mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado el escrito de acusación contra los empresarios madrileños Alberto Luceño y Luis Medina, para quienes pide 15 y 9 años de prisión, respectivamente, por el caso Mascarillas.

En el escrito de acusación, el fiscal Luis Rodríguez Sol les considera autores de los delitos de estafa y falsedad, a Luceño también de delito contra Hacienda y, además de las penas de prisión, pide que indemnicen conjunta y solidariamente a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid con más de cinco millones de euros.

El Ministerio Público considera que desde que «Luis Medina consiguió contactar con un familiar del alcalde de Madrid, que le proporcionó una dirección de la Coordinación General de la Alcaldía de Madrid a la que podía dirigir su oferta» para ofrecer material sanitario en el momento con las cifras de contagio más altas de la pandemia de Covid, su intención y la de su socio era la de «enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador [la empresa municipal], al que convencieron de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación».

Según el relato de Anticorrupción ante el Juzgado 47 de Madrid, «el 23 de marzo de 2020, Alberto Luceño se presentó a Elena Collado [coordinadora General de Presupuesto y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid] como experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición. Asimismo, dijo actuar con ánimo altruista, movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que no actuaba movido por ninguna intención altruista».

Como resultado de las gestiones de Luceño y Medina, a finales de marzo de 2020 se firmaron tres contratos con la Empresa Muncipal como compradora y la compañía malaya Leno Sdn Bhd como vendedora para adquirir 1 millón de mascarillas por 6,7 millones de dólares; 2,5 pares de guantes de nitrilo por 5 millones de dólares y 250.000 test rápidos de Covid por 4,2 millones de dólares.

Anticorrupción concluye que «estos precios los impuso Alberto Luceño al Ayuntamiento de Madrid diciendo que era el precio fijado por el exportador. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio final ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los test) correspondía con comisiones que los acusados iban a percibir».

Repasando los precios del material, el fiscal infiere que «el precio real de la venta de las mascarillas era de 2,689.300 de dólares americanos y que los querellados lo inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 de dólares; es decir, el 148% del precio real del producto».

Por estos hechos, la fabricación de documentos con los que vistieron la operación y el impago de impuestos por los ingresos recibidos, el Ministerio Fiscal acusa a Alberto Luceño de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial y delito contra la Hacienda Pública. A Luis Medina, por su parte, le considera coautor de los delitos de estafa agravada y falsedad en documento mercantil.

El fiscal pide que en la condena impuesta por los hechos denunciados se condene a los acusados, además de a las penas de prisión y multa económica solicitadas, a indemnizar conjunta y solidariamente a la Empresa Municipal supuestamente defraudada con más de cinco millones de euros.

Asimismo, también solicita el decomiso de los bienes actualmente embargados a ambos, así como «de cualesquiera otros en poder» de los acusados hasta alcanzar la cantidad de 4,6 millones de euros en el caso de Alberto Luceño y 912.700 en el de Medina, que habría sido el dinero que ganaron con la operación.