Anticorrupción cifra en millón y medio la mordida de Koldo García por los contratos de mascarillas

En un auto al que tuvo acceso ABC, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, al frente de la causa, recoge de la querella el «sumamente relevante y revelador» detalle que apunta al papel que Koldo García habría desempeñado en las adjudicaciones y es «el notable incremento de su patrimonio durante los dos últimos años, pudiendo haber hecho uso de terceras personas próximas a su circulo familiar con la posible finalidad de ocultar, o al menos dificultar, la verdadera titularidad de los inmuebles adquiridos».

Destacan en este sentido que entre 2020 y 2022 él, su mujer y su hija, menor de edad, pasaron a ser titulares de bienes inmuebles «cuyo valor podría alcanzar la cifra 1,5 millones de euros», adquisiciones que efectuó «apenas cinco meses más tarde de que tuvieran lugar las adjudicaciones públicas» objeto de la investigación. De hecho compró a tocateja un inmueble a nombre de la niña por importe de 115.000 euros en Benidorm aportando 11.500 euros en mano para los que «no se encuentra disposición de efectivo que lo justifique».

El resto salió de una cuenta, también a nombre de la menor, a la que su hermano y su mujer habían transferido fondos incluida «una donación de 90.000 euros en efectivo de la que no se ha encontrado movimiento bancario alguno». En este sentido, los pinchazos telefónicos revelaron que Koldo García y su mujer disponían de una caja fuerte donde guardaba metálico.

«Koldo García Izaguirre, por lo tanto, con la finalidad de ocultar este incremento patrimonial durante los dos últimos años, que no guardan relación con los ingresos procedentes de actividades declaradas, habría utilizado a terceras personas próximas a su círculo familiar. Tampoco se descarta que otras personas ajenas a su entorno familiar titulen bienes cuyo titular real sea el propio Koldo», dice la querella.

El auto da cuenta de fue el contrato por 24 millones de euros de la entidad Puertos del Estado, donde él tenía plaza en el Consejo Rector, el que abrió la espita para que los empresarios tras la mercantil se acabasen embolsando 15,1 millones de euros de beneficio por la venta de mascarillas también a Adif y al Ministerio del Interior: «la preselección de Soluciones de Gestión parte del Ministerio de Transportes». De hecho, firmó un contrato el 24 de marzo de 2020 que recogía «expresamente que había resultado adjudicataria de varios contratos con el Gobierno español« y no era verdad. Sólo había suscrito el de Puertos del Estado.

Y allí, la orden para la adquisición y distribución de material sanitario se firmó «el mismo día» que la adjudicación a la empresa, «lo que hace evidenciar un concierto previo entre los responsables de la toma de decisiones en Soluciones de Gestión y la Administración pública, que también aparece reflejado en los contratos que esta compañía firmó con otras sociedades» en la peor etapa de la pandemia.

«La persona que facilita a Soluciones de Gestión información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario que se iban a abrir de forma inmediata es Koldo García», cargo público desde que Ábalos se hizo con la cartera de Transportes tras la moción de censura en 2018 y hasta que fue cesado el 11 de julio de 2021. Para entonces, la empresa había recibido «nueve contratos adjudicados por una decisión adoptada en el seno del Ministerio de Transportes» que generaron a los dos empresarios ocultos tras la sociedad un beneficio de 15,1 millones de euros, como adelantó este diario.

El asesor conocía «personalmente» al presidente del Zamora F.C. Víctor de Aldama, «desde diciembre de 2018» y tiene una «relación directa y estrecha» con empresario investigado Juan Carlos Cueto, más allá de los contratos. La tesis de Anticorrupción es que ambos empresarios se sirvieron de Soluciones de Gestión, sin figurar documentalmente como responsables de la empresa: la utilizaron como sociedad «instrumental» en su «proyecto común». Y sólo con los tres contratos que consiguieron se embolsaron 9,6 y 5,5 millones de euros, respectivamente.

Parte de las ganancias que obtuvieron «gracias a la intermediación de Koldo García, que cobró por ello» fueron transferidas, de acuerdo a la investigación, a una sociedad en Brasil par «dificultar el seguimiento y la trazabilidad del dinero». Otra parte viajó a una sociedad con sede en Luxemburgo, y también se produjeron inversiones en fincas rústicas en una comarca de Orense.

En cuanto a sus presuntas influencias dentro del ministerio, la investigación subraya por un lado, que dos años después de haber cesado como asesor de Ábalos seguía manteniendo una «relación personal y directa con dos personas que participaron en dos expedientes de contratación», el de Puertos del Estado y el de Adif, manteniendo «capacidad de influencia» sobre ellos.

Las vigilancias destaparon reuniones en febrero de 2023 entre Koldo y altos cargos del Ministerio de Transportes: el subsecretario, Jesús Manuel Gómez, y el director General de Emfesa, Vicente Calzado. Es una sociedad estatal dependiente de esta cartera y lugar donde trabaja desde marzo de 2022 el hermano de Koldo.

Entra en juego en este punto un subteniente de la Guardia Civil con destino en el Ministerio de Transportes, que tiene relación tanto con Koldo García como con Cueto y que «conecta de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos investigados», según la Fiscalía.

Además de haber participado en al menos un encuentro con Cueto y Koldo, el agente, que estuvo destinado en la sede de Nuevos Ministerios, donde se encuentra la cartera de Transportes, aparece como destinatario de cinco transferencias de 5.000 euros de parte de un subordinado de Cueto. También intervino, de acuerdo a la querella, en la compra de fincas rústicas en Orense por cuenta de Soluciones de Gestión. Se movía en un coche de una de las empresas del Grupo Cueto aunque el seguro lo tenía a su nombre.