Cada año se detectan en España medio millar de grupos de crimen organizado

El tráfico de estupefacientes se mantiene como principal actividad del crimen organizado, que es una de las grandes amenazas para España según el citado departamento gubernamental.

Hay otro elemento inquietante: según explica el Ejecutivo en el BOE en el que anuncia esa renovación de la citada estrategia, «la convergencia entre grupos terroristas y redes de crimen organizado va en aumento, a lo que contribuye el desarrollo de modelos de organización más descentralizada»; favorece su cooperación y facilita la financiación terrorista. El abuso de estructuras empresariales legales, la violencia creciente y la corrupción son igualmente características que llevan aparejadas.

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En el Informe Anual de Seguridad Nacional, aprobado por el Gobierno el 19 de marzo pasado, se explica que «la inteligencia obtenida fruto de los esfuerzos realizados recientemente contra la delincuencia grave y organizada, especialmente a través del acceso a la información de algunas de las plataformas de intercambio de mensajes encriptados utilizados habitualmente por los delincuentes, ha facilitado nuevos datos sobre el funcionamiento y la organización de las redes delictivas. La estructura de estas redes puede ser más o menos jerarquizada, pero todas cuentan con individuos específicos para la realización de determinadas funciones clave». La diversificación de individuos implicados -continúa- es mucho mayor de lo que se entendía hasta ahora.

Así, «la complejidad y flexibilidad de las redes delictivas es evidente cuando se evalúan las responsabilidades de los individuos clave de la red». Cuentan con líderes, mandos intermedios, intermediarios, proveedores de servicios de blanqueo de capitales, asesores jurídicos y financieros, facilitadores, falsificadores de documentos, proveedores de transporte y logística, expertos técnicos, testaferros, inversores, asesinos a sueldo... «Entre ellos, es posible identificar funciones críticas y personas que constituyen objetivos de alto valor, con papeles fundamentales dentro de las redes».

Precisamente esto es lo que explica que el 'crime as a service', es decir, los grupos de delincuentes muy especializados que prestan sus servicios a otras organizaciones, hayan experimentado un enorme auge.

Según el citado informe, «se está expandiendo una industria de servicios delictivos que presta apoyo en el proceso de funcionamiento interno de muchas áreas criminales y contribuye a mayores niveles de especialización». Algunas redes se centran en una única etapa del proceso como, por ejemplo, el suministro de materias primas y equipos para poner en marcha la actividad ilegal. «Esto abarca desde productos químicos para la producción o extracción de drogas, precursores o equipos para plantas de producción de drogas sintéticas, hasta vehículos con compartimentos ocultos para el tráfico de mercancías y pequeñas embarcaciones para organizar el contrabando de inmigrantes, e incluso el suministro de herramientas técnicas y conocimientos especializados en ciberdelincuencia».

Las fuentes consultadas por ABC destacan además que la pandemia también supuso un cambio profundo en la actividad del crimen organizado, que tuvo que modificar sus estrategias para poder mantener su actividad. De hecho, se ha consolidado un modelo de negocio de tipo empresarial, basado en estructuras flexibles con diversificación de roles, infraestructura, logística y contactos nacionales e internacionales, que rigen su actividad en función de la oferta y la demanda.

El tráfico de drogas es, como se ha dicho, la actividad principal de la mayoría de las organizaciones criminales. En 2019 se abrieron 18.923 procedimientos por esta causa, una cifra que en 2022 llegó a 21.740, con una subida media anual de 1.000 investigaciones al año. El tráfico de cocaína está literalmente desbocado, con unas incautaciones de 141.765 kilos en 2023, lo que supone un aumento del 142 por ciento respecto al año anterior.

La situación tampoco es mejor con el tráfico de las mal llamadas drogas blandas. España es el primer productor de cannabis de la UE. Destacan los cultivos de marihuana 'indoor', que se suelen combinar con el tráfico de otros estupefacientes como el hachís y cuyo destino final es el resto de Europa. El cultivo y tráfico de marihuana constituye a menudo un medio de financiación de otras actividades de crimen organizado.

La escasa inversión necesaria para su cultivo, los rápidos beneficios y las condiciones geográficas y meteorológicas adecuadas han hecho que en el sur y este de nuestro país proliferen este tipo de instalaciones. Pero es que además se ha constatado un nivel de violencia anormalmente elevado entre los distintos grupos criminales, dados los enfrentamientos e intentos de apropiación de esas cosechas.

Las cifras, como en el caso de la cocaína, son elocuentes. Según datos aún provisionales, dado que el Centro de Inteligencia y Contra el Crimen Organizado (Citco) aún no ha presentado su informe anual, durante 2023 se intervinieron 43.061 kilos de marihuana. En cuanto al hachís, se aprehendieron 357.510, lo que supone un 11 por ciento más que el año anterior. Es de resaltar que las rutas de distribución de esta droga desde Marruecos hacia España se han desviado hacia la costa valenciana, balear y catalana, para evitar la acción policial no solo en la zona del Estrecho, sino también en Málaga y Huelva.

La respuesta policial se mantiene estable a lo largo de los años. Entre 2018 y 2022 (últimos datos disponibles) en torno al 50 por ciento de las organizaciones detectadas fueron o bien desarticuladas en su totalidad o parcialmente. Lo mismo que la relación entre detenidos e investigados, que se sitúa en un 25 por ciento.

Dentro de las organizaciones hay jerarquía, siendo las más preocupantes las de alta intensidad. Para ser clasificada así, la trama detectada debe ser transnacional y estar dotada de una vasta, compleja y asentada infraestructura. Además pueden llegar a conformar verdaderos entramados empresariales capaces de generar enormes beneficios económicos que luego son introducidos en el circuito legal. Y por supuesto tienen capacidad de infiltrarse en las instituciones sociales, económicas y políticas, con una posibilidad real de desestabilizar las estructuras básicas del Estado. En el último lustro, de estas características se han detectado en España media docena cada año. En 2022 todas las descubiertas fueron atacadas por las Fuerzas de Seguridad, si bien no todas ellas pudieron ser desarticuladas por completo y han seguido actuando.