La vicepresidenta Yolanda Díaz propone que el Gobierno no pueda aplicar indultos por casos de corrupción
La líder de Sumar plantea una modificación normativa con efectos sobre los expedientes pendientes relacionados con el caso de los ERE
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El Gobierno en funciones de Sánchez tramita ya los indultos a los ex altos cargos socialistas condenados por el caso ERE
La vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz
Mientras sigue su curso el expediente abierto para un posible indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y otros ex altos cargos condenados por el caso de los ERE, la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha lanzado una propuesta que puede condicionar el futuro de estos procesos: regular la figura del indulto para prohibir que se aplique en casos de corrupción.
Así lo ha trasladado la vicepresidenta durante una reunión del grupo parlamentario de Sumar en la que se han desgranado una batería de propuestas y cambios normativos que defiende su formación, para atajar la «lacra de la corrupción» y evitar situaciones como el caso Koldo.
Específicamente, Díaz ha lanzado que ya «ha llegado la hora» de modificar la legislación que regula el indulto en España para que no se pueda aplicar nunca a casos de corrupción. Tras remarcar que le resulta «llamativo» que esta restricción de la medida de gracia no se haya aplicado ya en España, la vicepresidenta segunda ha manifestado que desde el año 1996 se han producido más de 10.000 indultos y que fue el expresidente popular José María Aznar quien más concedió a condenados por corrupción (139)-
Luego, ha apuntado la necesidad de restringir la figura del aforamiento, no solo en la clase política sino en otras instituciones del Estado hasta llegar a un «número brutal» de aforados, al criticar que se utiliza como una especie de protección extra en casos de corrupción.
El expediente por la petición de indulto a Griñán se está tramitando a través de la Audiencia que ha pedido ya una serie de informes previos que formarán parte de la documentación que remitirá al Gobierno de España, que debe tomar la última decisión. Entre otras cuestiones, se ha solicitado un informe a la Junta de Andalucía, cuyos servicios jurídicos se han limitado a comunicar al juzgado que el perjuicio económico del caso de los ERE no se ha recuperado.
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