La última pirueta de María Jesús Montero: da a Cataluña la llave de la caja de impuestos que le negó hace 15 días

Ahora que son los independentistas los que se disponen a dar un paso hacia la independencia fiscal, copiando el modelo del País Vasco y Navarra, la ministra de Hacienda guarda silencio, mientras vota a favor del cupo fiscal catalán —denominado con el eufemismo de «concierto económico solidario»— en la Ejecutiva Federal del PSOE de la que es vicesecretaria general y mano derecha de Pedro Sánchez.

Es la última pirueta de una dirigente que hace apenas dos semanas rechazaba de plano una propuesta parecida que partió de la consejera de Economía de la Generalitat en funciones, Natàlia Mas, en el Consejo de Política Fiscal y Finaciera (CPFF) celebrado el pasado 15 de julio. «Es una suerte de concierto económico [como el del País Vasco o Navarra] para Cataluña con el que no estoy de acuerdo». Y, para que nadie se llamara a engaño, añadía: «Se pueden incorporar singularidades, que ya existen. Pero el Ministerio de Hacienda no puede impulsar debates de comunidades concretas».

Si algo ha demostrado de sobra María Jesús Montero en su larga trayectoria es su habilidad para los virajes y las cabriolas. En el Gobierno andaluz actual del PP están acostumbrados a las contorsiones de sus discursos, capaz de defender una cosa y la contraria, dependiendo del momento y el lugar que ocupe. Cuando era consejera de Hacienda en el Gobierno andaluz (2013-2018) reclamaba un día sí y otro día también que Cristóbal Montoro, titular de Hacienda en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, pusiera coto al «maltrato» en el reparto de los fondos del Estado que padecía Andalucía. La culpa era de un sistema de financiación que había pactado en 2009 el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero precisamente con ERC.

«El Gobierno no tiene el más mínimo interés en promover una reforma del modelo de financiación autonómica que permita que la recuperación económica llegue a los ciudadanos en forma de mejores prestaciones», se quejaba Montero en marzo de 2018. El Parlamento andaluz acababa de aprobar, a iniciativa suya, un dictamen de un grupo de trabajo que marcaba al Gobierno central el camino para modificar el reparto.

La resolución, que contó con el apoyo de todos los partidos —PP incluido— menos Ciudadanos, reclamaba «redefinir las variables y ponderaciones que determinan la población ajustada» sobre la que se basa el sistema de financiación, lo que beneficiaría a Andalucía pero perjudicaría a Cataluña. El cálculo de la entonces consejera de Susana Díaz era que Andalucía recibía al año 4.000 millones de euros menos de los que le correspondía debido a que 200.000 andaluces no estaban computados en el cálculo de la dotación que se recibe.

Tres meses después, gracias a una moción de censura que desalojaba a Rajoy de La Moncloa, Montero pasaba a ocupar el despacho oficial de Montoro. En sus manos estaba remediar la «infrafinanciación» de Andalucía. Seis años después, no solo no ha resuelto el problema, sino que ahora accede a romper la mesa de negociación colectiva entre todos los territorios para cederle a Cataluña la gestión total de los impuestos que allí se pagan.