La UGT sí usaba el bote y el 'rapel' para los cursos de formación de la Junta de Andalucía

Es una de las responsables de la antigua cúpula del sindicato que se sienta en el banquillo. Están acusados, junto al consejero de la mercantil Soralpe y diez empresarios, de haber urdido un sistema de facturas fraudulentas o falsas con cargo a las subvenciones autonómicas para cursos de formación gracias al cual UGT cosechaba un «bote» económico con que sufragaban gastos no imputables a las ayudas. Se estima que el desvío ronda los 41 millones de euros.

Como el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández y el exsecretario de Administración Federico Fresneda, Sánchez sólo ha respondido a preguntas de la defensa y del presidente de la Sala. Segúnha declarado, el sistema de 'rapel' o descuento lo aplicaban todos los proveedores que trabajaban con la central de Compras, incluidos los cursos de formación, si bien afirmó que todo se hacía constar en una «contabilidad completamente trazada» y que ella no decidía ni porcentajes de descuento para el sindicato ni las formas de pago «con ningún proveedor».

Sobre los anticipos o bote, ha dicho que nunca fue «un bote» para Compras sino un documento Excel «que heredamos, igual que los proveedores, en el que se recogían los anticipos a proveedores y los albaranes de entrega de material. Era un control de la mercancía».

Ha negado que hubiera una doble facturación en el sindicato: «Había facturas de anticipo a proveedores y del material que se correspondía cuando era entregado. Había una correlación y se podía seguir la trazabilidad documental de todo. Todo eso se lo llevó la Guardia Civil en el registro y era tan sencillo como seguir dicha trazabilidad», señaló, atribuyendo así una falta de diligencia a los investigadores.

Dolores Sánchez también ha afirmado que en la UGT-A «no se hacía nada sin que lo supieran Fresneda y el secretario general y que ella nunca justificó los cursos de formación de la Junta. «Siempre he sido una simple trabajadora, la responsable de Compras, entre comillas, pero nunca tuve capacidad de decisión, sólo organizaba mi trabajo».

Cuando su abogada le mostrado un documento denominado 'Gestión de bote', ha asegurado no haberlo visto en su «vida».

Además, ha negado haber recibido «nunca retribución alguna ni anticipo» de la UGT «más allá de mi sueldo, sólo dietas puntuales según convenio si el trabajo requería desplazamientos».

Y ha vuelto a apuntar a Fresneda: «Todo era dirigido por Fresneda, nosotros éramos técnicos. Él decidía los proveedores. Yo tampoco tenía capacidad para firmar un pedido, para negociar con un proveedor ni para modificar facturas».

También ha dejado algunas frases lapidarias ayer la exsecretaria de Gestión Económica de UGT-A, María Charpín, otra de las acusadas. Ante la Sala, ha asegurado que aunque su secretaría dentro de la comisión ejecutiva de UGT-A se titulase de Gestión Económica, ella no tenía «funciones de control económico» de la organización sindical ni «poder sobre las cuentas» de la misma. Tampoco, según ha dicho, firmó las justificaciones de las subvenciones que se remitían a la Junta.

«Mi labor era más bien la de cobradora del frac de UGT-A ya que en aquellos tiempos la Junta de Andalucía sufría una importante falta de liquidez para abonar al sindicato las cuantías en efectivo derivadas de las acciones de formación justificadas por los programas subvencionados, con lo que los responsables de la Junta intentaban no pagar las justificaciones trasladando al sindicato muchos requerimientos de subsanación», extremo que ella se encargaba de «resolver, para conseguir esa financiación».

La situación fue tal, según ha apuntado, que a finales de 2012, en plena crisis internacional financiera y con las políticas de austeridad en marcha, la Junta adeudaba «ocho millones de euros» a UGT-A por acciones de formación subvencionadas por la Administración andaluza y cuya justificación había presentado el sindicato.

Ha insistido en que no dio «directriz» alguna sobre cómo justificar las subvenciones y ha asegurado que la Junta reclamaba a la UGT «mucha concreción» en los expedientes de justificación de las ayudas pero a la vez pedía «cierta laxitud en los conceptos» de las facturas a presentar.

Además, Charpín ha defendido que el presupuesto ordinario de UGT-A estaba «absolutamente» separado del presupuesto relativo a los programas de formación subvencionados por la Junta de Andalucía.

También ha señalado, como el resto de los acusados del sindicato que han declarado hasta ahora, que las empresas proveedoras de UGT Andalucía hacían descuentos al sindicato por determinados volúmenes de compra durante periodos concretos -el conocido 'rapel'— toda vez que durante el juicio ha quedado constatado que tales descuentos no eran comunicados al órgano gestor de la fiscalización de las ayudas autonómicas sobre las que se sustentaban los gastos, o sea la Junta de Andalucía.

Sobre este extremo, Charpín ha afirmado que resultaba «complicadísimo, casi imposible» plasmar estos descuentos en cada factura concreta, porque eran «liquidados a final de año». Añadió que la relación del sindicato con los proveedores era «global» y cada programa de cursos de formación contaba con «cientos» de acciones formativas que derivaban en sus correspondientes facturas.

Su defensa ha intentado además tumbar la acusación sobre su cliente. Así, intentó demostrar que en la imputación de Charpín figura una carpeta a su nombre con documentos y correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil «en los que sólo se me nombra en tres ocasiones y sólo dos tienen algo que ver conmigo, pero no con los cursos de formación».