El tribunal que dictará la nueva sentencia de los ERE deja un escenario de dudas para el futuro judicial de Chaves y Griñán

Los tres magistrados que enjuiciaron y condenaron a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en una década de gestión socialista fueron Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente Vara y Encarnación Gómez Caselles. El primero, que fue el ponente, se jubiló y ahora ejerce como abogado; la segunda es la única que continúa en la Sección Primera, y Gómez Caselles cambio de destino y ahora se encuentra en Alicante, aunque está en situación administrativa de excedencia voluntaria.

Ante esta situación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía elevó consulta al Consejo General del Poder Judicial para la composición de la Sala y la posibilidad de pedirle a Encarnación Gómez que formara parte de la misma, el presidente de la Sección Primera, Pedro Izquierdo, ha acordado la nueva composición del tribunal. De nuevo el caso ERE pasa cerca de Pedro Izquierdo, quien fue recusado por las acusaciones para que estuviera en el tribunal que juzgó la pieza política porque fue alto cargo en la Consejería de Justicia en gobiernos de Chaves, Griñán y Susana Díaz.

Además de las magistradas Pilar Llorente Vara, quien asumirá la ponencia, y Encarnación Gómez Caselles, formarán también parte del tribunal Francisco de Asís Molina Crespo, el juez que instruyó el caso de Marta del Castillo; Juan Jesús García Vélez, el instructor del fraude en UGT-A, pendiente de sentencia; y Patricia Fernández Franco, conocida por la causa de la mina de Aznalcóllar.

La complejidad del asunto ha llevado al presidente de la Sección Primera a adoptar la fórmula, poco habitual en la Audiencia, de cinco magistrados. Se lo permite la legislación actual. No obstante, existen resoluciones en la macrocausa de los ERE firmada por cinco magistrados de la propia Sección Primera o de la Sección Séptima, que preside Mercedes Alaya.

Para el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, el presidente de la Sección Primera ha actuado para «asegurar mayorías» y se ha acogido al precepto que habilita a completar la sala que en esos momentos tenía sólo dos magistrados. Una medida que, según prevé, puede «acelerar» el dictado de las sentencias: «No se puede prever cuánto tardará pero espero que sea con la cercanía temporal más posible en atención a la argumentación, a los problemas que plantea acomodar jurídicamente esa base fáctica que estaba declarada por la Audiencia y el Supremo a unas consideraciones distintas que ha hecho el Tribunal Constitucional».

Sin embargo, la decisión conocida ayer no ha hecho si no abrir un escenario de dudas e incertidumbres para el devenir de un caso que marcará el futuro judicial de Chaves, Griñán y otros ex altos cargos. Fueron doce los condenados que acudieron al Constitucional, de los que dos vieron cómo rechazaban de planos sus recursos, el exconsejero de Empleo José Antonio Viera y el ex director general de Trabajo Juan Márquez; otro, el que fuera director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, fue el mejor parado porque el tribunal de garantías anuló su condena; mientras que para el resto estimó parcialmente sus argumentos. En este grupo están Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Magdalena Álvarez, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez Román, Carmen Martínez Aguayo, Gaspar Zarrías y Antonio Vicente Lozano.

Unas fuentes consultadas señalan que la Audiencia deberá dictar una nueva sentencia sobre estos nueve, aunque otras precisan que en la resolución deberán recoger que la situación penal sigue en la misma situación para el resto de acusados o absolver, en su caso, a Serrano Aguilar. Hay quienes apuntan que deberá dictar, en base a los distintos pronunciamientos del Constitucional, una sentencia por cada uno de estos nueve acusados. Hay otros acusados que no recurrieron al Constitucional, como Agustín Barberá.

El siguiente paso en este asunto es el dictado de un auto en el que la Audiencia informe a las partes de la composición de la Sala, que es recurrible. Se espera que las defensas no lo hagan para no alargar el proceso. Después, los cinco magistrados deberán decidir sobre la petición del sindicato Manos Limpias de solicitar una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) basándose en que el Tribunal Constitucional no ha sido imparcial ni independiente en su revisión de las penas impuestas a la antigua cúpula socialista en Andalucía.

Genera más incertidumbre aún la presencia de tres magistrados en el tribunal que no estuvieron en el juicio. Algunas fuentes señalan que sólo tienen que pronunciarse sobre los hechos delictivos que ha delimitado el Constitucional. En cambio, otras fuentes consultadas plantean mayor complejidad en caso de que estos jueces tengan que valorar la prueba para definir algunos delitos. Entonces, habría que repetir el juicio. En caso de producirse este escenario, ¿tendrían que sentarse todos los acusados?

«La gran duda con esta composición es si hay que repetir el juicio», dicen unos. Otros, en contraposición, precisan que sólo tienen que hacer la valoración jurídica de hechos delictivos, no entrar en los hechos en sí.