De los 'cuatro gatos' al indulto: las maniobras del PSOE para eludir la responsabilidad del fraude de los ERE

Porque los socialistas llevan años intentando desmontar el proceso judicial para no verse en la tesitura actual, con significados responsables de la Junta de Andalucía condenados y con la petición del indulto encima de la mesa. Toda una patata caliente para un partido que desde el primer momento trató de abortar un caso que amenazaba su sólida implantación social en la comunidad andaluza. Este es una recolección de las piedras que el PSOE ha ido poniendo a los intentos de aclarar el mayor fraude de la historia de la democracia en España.

El 19 enero de 2011 la juez de Sevilla Mercedes Alaya abrió las diligencias previas número 174/2011, que dieron lugar al caso ERE. Desde el primer momento los socialistas intentaron restar importancia al asunto, identificándolo como una estrategia del PP para socavar al partido que entonces gobernaba cómodamente la Junta de Andalucía. «Mercancía averiada», decía el entonces portavoz socialista, Mario Jiménez, a los periodistas cuando se comenzaron a hacer públicos los primeros casos de presunto fraude en las ayudas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis. El PSOE estuvo varios meses con este discurso, intentando que los periodistas no dieran cuenta de las pesquisas, hasta que las evidencias comenzaron a ser abrumadoras.

Paralelamente, el Gobierno andaluz hacía lo que estaba en su mano para no facilitar la investigación del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. El 26 de marzo de 2011 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordaba no remitir las actas de sus reuniones de los últimos diez años que le reclamaba Mercedes Alaya, alegando que se trataba de un requerimiento «indiscriminado» que «vulneraría la Ley del Gobierno de la Comunidad autónoma», que acredita el carácter reservado de esta documentación. Comenzaba entonces un dilatado pulso entre la Junta y la titular del juzgado. Alaya dio un plazo de 72 horas al Gobierno andaluz para entregar estas actas, bajo la advertencia de incurrir en un delito de desobediencia. La respuesta del Ejecutivo de Griñán fue depositar las 480 actas requeridas en la Audiencia, donde se guardaron en un armario acorazado con vigilancia personal y de cámaras permanente a la espera de que los tribunales dilucidaran quién tenía razón en el pulso jurídico. En junio la Audiencia Provincial resolvía que las actas del Consejo de Gobierno no son secretas y desestimaba el recurso que interpuso el Gobierno andaluz contra la petición de la instructora. El Gobierno recurrió ante el Tribunal Supremo, y en septiembre el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Alto Tribunal volvía dar la razón a Mercedes Alaya y le autorizaba a acceder a las actas de los Consejos del Gobierno andaluz desde 2001. El Supremo adoptó esta decisión por unanimidad en una sentencia contra la que ya no cabía recurso.

El Gobierno envió las actas de una década de reuniones... de aquella manera. Alaya se quejó de que la información remitida era un caos de conceptos y fechas con las que era muy difícil trabajar. De hecho, emitió un auto en el que advertía de que «dicha documentación, en las condiciones en que ha sido enviada al juzgado, resulta cuanto menos inaudita, pues la misma además de incompleta, carece del menor orden lógico o cronológico, siendo tales 'expedientes' un cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos». La titular del Juzgado alegaba Agrega que los informes remitidos eran «realmente impropios de cualquier órgano de la administración, donde existe siempre un 'iter' en la tramitación de cualquier asunto, tanto más esperable en expedientes donde se otorgaban en concepto de ayudas cifras millonarias». Además, la Junta remitió más documentación de la requerida por la juez, añadiendo papeles inútiles para enredar la investigación.

El ingreso en prisión de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta desde 1999 hasta 2008, marcó en 2012 un punto de inflexión a partir del cual deja de valer el argumento de la 'mercancía averiada'. Guerrero, que había reconocido ante la Policía Nacional la existencia de un 'fondo de reptiles' al margen de la fiscalización pública para solventar asuntos laborales, era el primer alto cargo de la Junta que iba a la cárcel. El PSOE, que ya no puede negar la existencia de indicios sólidos de la actividad delictiva, cambia de estrategia y pone en marcha la teoría de 'los cuatro golfos', según la cual el fraude había sido orquestado por mandos intermedios de la administración abusando de la confianza de sus superiores. Guerrero había mantenido el cargo con tres consejeros de Empleo diferentes: Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández, siempre en la etapa de Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía.

Un momento clave en la instrucción de los ERE fue la salida de Mercedes Alaya del juzgado de Instrucción número 6, lo que suponía el abandono de la instrucción del caso ERE. La magistrada sevillana ganó una plaza en la sección séptima de la Audiencia Provincial, y antes de aceptarla negoció continuar con la instrucción de las macrocausas en comisión de servicios, según confesó en la entrevista que publicó ABC, la única que ha concedido. «Yo recabé el compromiso expreso de todos los órganos jurisdiccionales superiores, sobre todo del Consejo General del Poder Judicial y de la Presidencia de la Audiencia Provincial, de que se me iba a mantener la comisión de servicio en el Juzgado de Instrucción 6 para terminar las macrocausas aunque ganara esa plaza en la Audiencia (...) ¡Cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que todo fue un burdo engaño porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos!» La salida de Alaya de la instrucción de los ERE, en la que los socialistas contaron -siempre según la magistrada- con cierta connivencia del PP, fue un punto de inflexión en la causa.

Cuando se confirmó la salida de Mercedes Alaya del juzgado de Instrucción número 6 tocaba designar la persona que la sustituiría en la delicada instrucción de las macrocausas. La sorpresa fue absoluta, ya que se optó por María Núñez Bolaños, quien venía de juzgados de Familia y no tenía experiencia en asuntos de tanto calado. La primera decisión de la juez respecto a los ERE fue abandonar la doctrina de Alaya, quien siempre consideró las ayudas fraudulentas de Empleo como un único caso, y trocear la causa en tantos casos como empresas afectadas, que es la estrategia que reclamaba el PSOE. Las quejas por el trabajo de Núñez Bolaños comenzaron a ser generalizadas, y en junio de 2019 se dio un caso sin precedentes: la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia ante el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que argumentaba que la situación procesal de las causas de corrupción se veía «afectada por la desatención y retraso injustificado en su tramitación y resolución, con evidente perjuicio de los fines del proceso penal y la Administración de Justicia».

La Junta, presidida por la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, libró a los acusados de depositar fianza alguna por el daño causado al erario público antes de sentarse en el banquillo en el juicio de la llamada pieza política del caso ERE. Dejó la puerta abierta para exigírsela en el futuro al reservarse de manera expresa ejercitar la acción civil «una vez finalizado el juicio penal si a ello hubiere lugar», pero ahora activar esa opción extremadamente difícil. Como acusación particular en la causa, la Administración autonómica era la gran perjudicada por el desvío de fondos y, como tal, debería ser la principal interesada en que se devolviera hasta el «último céntimo defraudado», mantra que los anteriores cargos del Ejecutivo socialista no se cansaron de repetir para acallar las críticas. Pero no hizo nada por recuperar el dinero.

La administración andaluza se retiró por voluntad propia de la acusación en la pieza más determinante del caso ERE, el juicio político, y defendió que no debía celebrarse la vista que iba a sentar en el banquillo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a seis exconsejeros y a 13 ex altos cargos más, acusados de prevaricación y/o malversación continuada de fondos públicos. Los letrados autonómicos pidieron el archivo del proceso con el argumento de que no hubo «trama criminal» ni se creó un procedimiento para repartir ayudas de forma caprichosa, a pesar de que la ausencia de controles acabara inoculando el virus de la corrupción en la gestión del fondo.